A propósito de Mularroya y Biscarrués
Las sentencias judiciales que cuestionan partes importantes del proyecto para la construcción del embalse de Biscarrués y recientemente las obras ya avanzadas de la presa de Mularroya ponen de manifiesto lo determinante que ha sido en ambos casos la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea del año 2000, para la cual el mantenimiento de lo que denomina un "buen estatus del agua" resulta crucial.
Los jueces sentencian que en los dos embalses se interviene en exceso sobre los caudales alterando para siempre el régimen óptimo y el cauce de los ríos. Resulta previsible que si hay ocasión para nuevas sentencias se vuelva a utilizar la misma argumentación, con lo que casi podríamos aventurar que en España y en el futuro no se podrán construir más embalses. Si esto fuera así sería una barbaridad.
En el pasado me he manifestado críticamente, en artículos y libros, en relación a distintos proyectos para la construcción de nuevos embalses en Aragón, también en relación al Pacto de Agua aprobado por las Cortes de Aragón en 1992 y en contra del proyectado trasvase del Ebro en un informe que me solicitó el Ministerio de Medio Ambiente en 2001. No soy por tanto partidario de las grandes obras hidráulicas en general y porque sí, si bien sostengo que más allá de una cuestión ideológica las construcciones hidráulicas deben ser evaluadas en cada caso para demostrar su oportunidad y viabilidad. Es exactamente esto lo que en el plano jurídico han hecho ambas sentencias.
Actualmente todos los expertos coinciden en que las políticas del agua deben comprenderse en su complejidad, lo cual significa que han de ser muchas las disciplinas científicas que han de intervenir en su concepción y ejecución. La Directiva Marco del Agua es exageradamente biológica y carece prácticamente de aquellas perspectivas que son propias de las ciencias humanas y sociales. Así, el concepto de ‘medio ambiente’ que se maneja en esta directiva, y que es el fundamento de toda ella, es casi exclusivamente biológico, lo que empobrece mucho su modelo de política del agua.
Este hecho habría que situarlo en el contexto de la dominación de los países del norte de Europa sobre las ideas ambientalistas que predominan hoy en el continente. Son países con climas húmedos y lluvias abundantes, que solo raras veces experimentan escasez de agua. Su problema fundamental es la contaminación de las aguas y a la lucha contra este fenómeno se orientaba esencialmente la Directiva de la UE, con el objetivo de alcanzar para 2015 un "un buen estatus ecológico" para todas la aguas superficiales. Este también era entonces, y sigue siendo ahora por supuesto, un gran objetivo para países del sur de Europa como el nuestro. Sin embargo, la Directiva eludía mencionar suficientemente cosas tan importantes para nuestro país como los regadíos y la sequía. Desde la abundancia de sus recursos hídricos los países del norte ignoraban la realidad de España, cuyo territorio disfruta en su mayor parte de un clima mediterráneo, con sus ventajas e inconvenientes; y entre estos últimos, la escasez de agua, la necesidad de regar y las sequías recurrentes. ¿No se estaría aplicando en España ahora mismo una legislación más apropiada para Alemania, Dinamarca u Holanda, por ejemplo?
No me sitúo ahora ni a favor ni en contra de los dos embalses cuestionados en ambas sentencias. Me preocupa más bien una parte fundamental de la argumentación empleada en las sentencias que se han emitido al respecto recientemente.
