El embalse de Mularroya

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el embalse de Mularroya supone un nuevo y serio revés para la política de obras hidráulicas de la Comunidad.

Y  deja, de momento, en el limbo una infraestructura fundamental para el desarrollo agrícola aragonés. Es lógico que el Gobierno autonómico haya reaccionado con energía para defender la obra. Hay que conseguir, con las adaptaciones que sean necesarias, que Mularroya se complete y entre en servicio.

Tanto el presidente aragonés como el consejero de Agricultura expresaron ayer, tras reunirse con los representantes de los regantes del Jalón, su apoyo al embalse de Mularroya, que el Ejecutivo autonómico considera como una obra «imprescindible para el desarrollo de Aragón, la lucha contra la despoblación y la protección y mejora de la agricultura familiar», en palabras de Joaquín Olona. La sentencia acepta algunas de las alegaciones ecologistas sobre la afección a las masas de agua de los ríos Jalón y Grío, pero no parece tener en cuenta la contrapartida del interés público superior que representaría la potenciación de los regadíos en una zona de alta productividad agrícola. Hay que confiar en que la presión desde Aragón cambie la posición inicial del Ministerio para la Transición Ecológica, que pensaba aceptar sin más la sentencia, y que el Gobierno central sume su recurso de casación a los que piensan presentar los regantes y la contratista de las obras. 

Parece impensable, y rozaría el absurdo, además de acarrear posibles impactos ecológicos, que una infraestructura en la que ya se han invertido 133 millones de euros de dinero público y que tiene una clara trascendencia social y económica quedara paralizada. Los servicios jurídicos deben estudiar bien la situación para encontrar las alternativas que permitan defender la obra ante el Tribunal Supremo y, en su caso, adaptarla para que pueda culminarse y cumplir su finalidad.