Entre tanto ruido se producen pequeñas cosas, que nos pasan desapercibidas, pero que marcan caminos irreversibles. En el ámbito de las pensiones se están produciendo dos de esas pequeñas cosas. 

Por una parte, la incapacidad de una reforma en profundidad que garantice la sostenibilidad del sistema. Por otra, después de un año de estudio técnico, el Gobierno de la nación y el Gobierno vasco avanzan en el traspaso de la gestión de las pensiones al País Vasco.

Tal y como pone de manifiesto Elisa Chuliá en un magnífico informe sobre la nueva reforma de las pensiones (Círculo Cívico de Opinión, Cuadernos 29, marzo de 2021), el crecimiento del gasto resultante del aumento sostenido tanto del número de pensionistas como del importe de la pensión media, dos procesos que se van a acelerar a partir de 2025 cuando la generación de los ‘baby boomers’ comience a jubilarse, pone en evidente riesgo su sosteniblidad financiera. Es decir, en los próximos 30 años el gasto en pensiones podría crecer desde el 11%-12% hasta el 13%-17% del Producto Interior Bruto (PIB).

Como parece a nadie interesar el largo plazo, las reformas que se están negociando actualmente responden a la necesidad de satisfacer un requerimiento de las instituciones comunitarias para librar los fondos europeos de recuperación tras la pandemia. Un parche más: básicamente, trasladar a la imposición general la financiación de ciertos gastos que hasta ahora se cubrían mediante cotizaciones sociales. Nos conformamos con eso y con alabar un ‘Pacto de Toledo’ que solo respalda iniciativas de total consenso, aunque con ello la eficacia sea nula. Lo políticamente correcto manda. Parece imposible un debate racional que ponga sobre la mesa un diagnóstico realista y sus posibles soluciones. O la bronca o el consenso.

No menos importante es la segunda de las pequeñas cosas: el traspaso de la gestión económica de las pensiones al País Vasco.

Al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de pensiones. Es la llamada caja única. Las cotizaciones que ingresan cada mes las empresas y los trabajadores a la Seguridad Social de toda España van a la ‘caja’ de la que salen el grueso fundamental de las pensiones de todos los españoles. En términos cuantitativos, este sistema de la ‘caja única’ beneficia a comunidades autónomas como el País Vasco. Es la comunidad que registra la pensión media de jubilación más alta de España y la relación entre el gasto en pensiones en el País Vasco y las cotizaciones que se generan en el mismo territorio es deficitaria. Es decir, el País Vasco recibe de la caja única más de lo que aportan sus cotizaciones. Esto no cambiaría.

Entonces, ¿qué cambiaría al dejar a esta comunidad autónoma la gestión económica de las pensiones? Básicamente, que las oficinas y el personal de la Administración General del Estado pasarán a formar parte de la administración autonómica. Y la carta que reciban los pensionistas vascos llevará el sello del gobierno autonómico, aunque el dinero sea de todos los españoles. ¿Cosa menor? En absoluto. Es un paso más en la desaparición del Estado en partes del territorio español, creando una mayor identificación del ciudadano con su gobierno autonómico. Otra pequeña cosa en un camino irreversible.