Combatir la pandemia ha aconsejado realizar un importante esfuerzo de gasto público con el fin de mitigar, además de los sanitarios, los efectos económicos y sociales producidos por la covid-19. Situación que se justifica por el marcado carácter excepcional de un escenario imprevisible hace poco más de un año, pero que debe obligar a meditar sobre cómo debe ser la ‘nueva gestión presupuestaria’ a partir de 2022, fecha en la que parece estaremos, tras la contención de la pandemia, en fase de expansión económica. La importante movilización de recursos públicos europeos a través de los fondos ‘next generation’ (y de los retos de buena gestión que comportan) no pueden distraernos de la necesidad de implantar un modelo de prudente gestión presupuestaria que permita mantener las políticas públicas de primer nivel a la vez que adaptar de forma progresiva los excesos de endeudamiento. Esto va más allá de una política de austeridad, pues no se trata de recortar gastos, sino de repensar las inversiones atendiendo a lo económico y al impacto social. No es hacer más por menos, sino hacer las cosas mejor, corrigiendo disfunciones e incentivando una política presupuestaria que se alinee con la calidad de los servicios públicos que deben ser seña de identidad de una España resiliente.

Necesitamos un quinquenio (al menos) de una nueva política presupuestaria que atienda a motivos de racionalidad y no de urgencias, que responda a necesidades esenciales y no de mera ideología, que sea comprensible por los ciudadanos y que aleje cualquier percepción o sospecha de que se trata de decisiones ‘caprichosas’. No son tiempos para lo superfluo ni, por supuesto, para pompa y boato. Prudencia para saber planificar y meditar las decisiones con visión de futuro, para poner en valor y preservar los servicios socio-sanitarios, la educación y las políticas de innovación de las empresas. Prudencia presupuestaria para establecer prelaciones y consensuar las líneas de acción en los próximos años, desde una lógica de cooperación en todos los niveles. Los próximos años nos obligan a todos a avanzar en sostenibilidad y, sobre todo, a impulsar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para que el año 2030 pueda ser el año de la inflexión en un nuevo modelo económico y social. La ambición de los nuevos retos es y debe ser compatible de las nuevas reglas de la gestión de los fondos públicos (superando inercias, rutinas y el ‘siempre se ha hecho así’). Reglas de gestión que impulsen la ejemplaridad, que avancen modelos de rendición de cuentas y de ‘feed back’ en tiempo real. No se trata de más burocracia, sino de saber administrar mejor con parámetros de prudencia y un contrastado modelo de eficiencia social que ponga el acento en valorar la calidad de las prestaciones prestadas a nuestros ciudadanos frente a inercias económicas que, sin sensibilidad social, piensan solo en clave de ahorro y reducción de precios. Una nueva y prudente gestión presupuestaria, como ADN de una nueva gestión pública, exige una adecuada visión estratégica social en todas sus decisiones, que se debe anteponer a visiones burocráticas o economicistas.

Decía Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) que "el plan de recuperación convierte el enorme desafío al que nos enfrentamos en una oportunidad, no solo mediante el apoyo a la recuperación, sino también invirtiendo en nuestro futuro". Pero nada de esto será posible sin un cambio del modelo de la gestión de recursos públicos, que debe ser responsable, con sensibilidad por la sostenibilidad (en sentido amplio) y con la lógica de la buena administración a los ciudadanos. En definitiva, 2022 debe ser el ‘día cero’ para una nueva cultura de la gestión presupuestaria que sea prudente, responsable, innovadora, cooperativa y transformadora que preserve la eficiencia social y la equidad. Ojalá que el actual ruido político no comprometa este objetivo.