Al margen de la motivación política de la convocatoria anticipada de elecciones en la Comunidad de Madrid, la coincidencia de la disolución de la Asamblea con la presentación de dos mociones de censura crea una situación inédita y confusa. El Tribunal Superior rechazó ayer las medidas cautelarísimas, pero aún debe pronunciarse sobre el fondo de una cuestión que debiera resolverse cuanto antes para no dañar el funcionamiento de las instituciones.

En la mañana del pasado miércoles la presidenta madrileña firmó el decreto de disolución del parlamento regional y convocatoria de elecciones, pero, por ley, el decreto no se publicó en el Boletín Oficial, ni por tanto entró en vigor, hasta el día siguiente. En el ínterin, se presentaron dos mociones de censura contra el Gobierno de Díaz Ayuso; y, puesto que mientras se tramitan mociones de censura no cabe disolver el parlamento, los partidos que las promovieron consideran que la convocatoria de elecciones no es válida. Nunca se había producido una situación semejante en España, pero es verosímil que pudiera repetirse en otras comunidades autónomas e incluso en el ámbito nacional, pues la regulación de la convocatoria electoral anticipada es semejante. El asunto es serio y debe ser dilucidado. Si llegaran a celebrarse las elecciones y después se considerase inválida su convocatoria se generaría una circunstancia muy dañina para el funcionamiento democrático. Y la cuestión afecta al necesario equilibrio de poderes en un régimen parlamentario como el español. Si se admite que puedan presentarse mociones de censura en el lapso que va desde la firma de la convocatoria electoral a su publicación oficial, entonces se menoscabaría la facultad del poder ejecutivo de poner fin anticipadamente a la legislatura, lo que parece una seria alteración de las reglas del juego usuales hasta ahora. Es necesario que la decisión judicial sobre el fondo del problema se produzca cuanto antes.