Asistí al acto inaugural de las II Jornadas sobre la Justicia Social organizadas por la Universidad San Jorge, en el que tuve ocasión de escuchar un interesante discurso de nuestro inquieto Justicia, don Ángel Dolado, que, como es habitual, no da puntada sin hilo. Como garante y defensor de los derechos de los aragoneses, una de las funciones que le atribuye el Estatuto de autonomía, nuestro Justicia formuló algunas advertencias que considero merecen una atenta reflexión. Se refieren a algunas de las consecuencias/secuelas colaterales que se vienen implantando de forma no plenamente justificada por la existencia de la pandemia que padecemos. Y que afectan de forma importante a las Administraciones públicas en sus relaciones con los administrados en los diferentes ámbitos en que se producen los contactos entre unas y otros. Cosa que no ocurre en la mayoría de las relaciones privadas. ¿Somos tan diferentes?

Así, hizo referencia a lo ocurrido en la educación, en la sanidad y en la prestación de servicios públicos en general, donde se ha producido un blindaje de las Administraciones frente a los ciudadanos y sus derechos, dificultando, cuando no impidiendo, la fluidez natural y presencial de los contactos y desnaturalizando peligrosamente el imprescindible contacto humano en situaciones que, de suyo, lo exigen.

El Justicia reivindicó de forma contundente la presencialidad en la educación, en la escuela y en la universidad, afirmando que el derecho a la educación debe primar sobre la escuela/institución, y que el intento de educación digital ha perjudicado a los más débiles económicamente. Ni los profesores han llegado a los alumnos menos aventajados ni los alumnos confinados pueden disfrutar del valor socializador del grupo. Abogó también por la universidad presencial con un complemento ‘on-line’, pero no al revés. La docencia física es un componente esencialísimo de la universidad y la desaparición de la clase presencial significa la desaparición de la universidad tradicional.

Me llamó la atención su advertencia a que las Administraciones públicas no se escuden detrás de las nuevas tecnologías para ausentarse de la presencialidad en la prestación de los servicios públicos. Yo, desde luego, prefiero el cara a cara de una ventanilla, aunque tenga que volver mañana, a la fría respuesta de una máquina para conseguir una cita a veces imposible. Es una obviedad que la brecha digital, que no puede negarse, perjudica a los mayores y a las gentes vulnerables que, nos guste o no, son abundantes en España. Por eso, nos dice el Justicia, la presencialidad y la atención física al público son imprescindibles. Hay cosas que no se pueden diagnosticar por teléfono, al margen del efecto beneficioso que para el enfermo pueden tener unas balsámicas palabras de su médico. A las que además tiene derecho y paga o ha pagado por ello.

Cree, por último, el Justicia, y me permitirán que esté por completo de acuerdo con él, que la presencialidad es una exigencia de la justicia social, y que hay que recuperarla de forma inmediata.

A ver si nos vamos enterando.