La crisis derivada de la pandemia sigue castigando a distintos sectores productivos casi un año después de decretarse el estado de alarma en España. Sin un horizonte aún claro de recuperación, y a falta de una vacunación generalizada en todo el territorio nacional que permita regresar a la ansiada normalidad, los efectos económicos de la covid resultan ya difícilmente soportables en ámbitos como la hostelería, que está acudiendo a la Administración para exigir compensaciones económicas.

En Aragón, las reclamaciones patrimoniales superan el centenar y, según anuncian los afectados, se preparan decenas más en los próximos días en las tres provincias. El asunto, lejos de ser menor, amenaza con derivar en una suma millonaria que, en el conjunto de las Administraciones, podría conducir a un grave endeudamiento si acaban en los tribunales de justicia y estos dan dar la razón a los hosteleros. En ese contexto, resulta necesario que el Gobierno central defina, de una vez, cuál es su plan ante la grave crisis en el sector turístico y aclare el destino de los últimos 11.000 millones prometidos en ayudas la semana pasada, que ni siquiera la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha sido capaz de explicar.

Las políticas desarrolladas hasta la fecha en el ámbito regional, con las ayudas autonómicas, municipales, y el denominado Plan Remonta en el Pirineo, se presumen insuficientes para poder dar una respuesta efectiva ante un problema de una gravedad extrema. En todo caso, se abre una ventana de esperanza ante el reciente anuncio del presidente Javier Lambán, en sede parlamentaria, de un nuevo plan de ayudas para el sector, que fue bien recibido por el conjunto de las fuerzas políticas. La cuantía y los detalles deben concretarse esta semana para actuar de forma inmediata con el objetivo de revertir la situación cuanto antes.