Después de una semana de negociación y tras haber alcanzado un acuerdo para elegir a los miembros del consejo de administración de RTVE, el Gobierno y el PP suspenden de nuevo las negociaciones para renovar el CGPJ. Pablo Casado tiene una gran responsabilidad en esta parálisis, pero aún es mayor la de Pedro Sánchez, en cuanto que es el presidente del Gobierno. A él le corresponde hacer propuestas para salvar los obstáculos y liderar el proceso de renovación de las instituciones del Estado, atendiendo a razones de mérito y no a un reparto de puestos entre los dos partidos.

Los vetos impuestos por el PP para no validar ningún candidato afín a Unidas Podemos son señalados desde la órbita de la Moncloa como el motivo de la ruptura. Los de Pablo Casado no esconden que las conversaciones se han roto por la presencia en la lista presentada por el Gobierno del juez José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que sentenció el caso Gürtel, cuya condena sirvió de base para la presentación de la moción de censura que dejó sin Gobierno a Mariano Rajoy y a los populares. Es necesario superar los vetos cruzados. Las dos formaciones mayoritarias en el Parlamento tienen que encontrar nombres de juristas de reconocido prestigio que queden al margen de repartos basados en la afinidad ideológica.

Lo relevante ahora es que no volvamos a entrar en otra etapa de estéril desencuentro, sobre todo cuando se avistan meses complejos, en los que la recuperación sanitaria y económica dejará poco margen para los improductivos rifirrafes parlamentarios que hemos visto durante el último año. PSOE y PP, por mucho que tengan que lidiar con las provocaciones de sus respectivos extremos ideológicos (Podemos y Vox), no pueden someter a los ciudadanos a continuos volantazos en sus estrategias de cooperación y enfrentamiento. Su deber es entenderse para que el país funcione.