El PSOE y el PP han llegado a un pacto para renovar el Consejo de Administración de RTVE, que es el paso previo para nombrar al nuevo director general, que será José Manuel Pérez Tornero. Se trata del primer gran acuerdo de la legislatura. Los dos partidos mayoritarios tienen la obligación, incluso constitucional, de profundizar por esta línea de negociación y pacto para completar el desbloqueo del resto de las instituciones que también están pendientes de renovar: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia Española de Protección de Datos.

El bloqueo en la renovación de algunas de las instituciones del Estado, como el órgano de gobierno de los jueces, es una pésima praxis política a la que había que poner fin porque desacredita a la democracia, erosiona la confianza ciudadana en el sistema de partidos e incluso levanta sospechas sobre esas propias instituciones. Ahora se ha dado un primer paso en el imprescindible entendimiento entre socialistas y populares, después de la llamada de Pedro Sánchez a Pablo Casado para actualizar los órganos con el mandato caducado y una vez sorteado el Rubicón de las elecciones catalanas. Ahora toca renovar por fin el Consejo General del Poder Judicial.

La primera legislatura con un Gobierno de coalición en España se ha caracterizado hasta ahora por la crispación y el sectarismo. En medio de una situación de excepcional gravedad, a causa de la pandemia y sus dolorosas consecuencias sanitarias y económicas, la ciudadanía ha tenido que sufrir un penoso clima de estéril polarización. Si España aspira a tener una democracia de calidad, con instituciones eficaces y respetadas, progreso económico y serena convivencia ciudadana, hay que profundizar en la senda del diálogo, la negociación y el pacto con la meta última del bien común.