Desesperanza catalana

Mañana se celebrarán elecciones en Cataluña. Hoy se pueden realizar dos afirmaciones. Los resultados son más impredecibles que nunca y es probable que la política nacional resulte afectada por los mismos. Precisamente, esta segunda circunstancia ha relegado la visibilidad del debate identitario. De hecho, algunos analistas han llegado a decir que, en esta ocasión, los ciudadanos catalanes priorizarán en su voto la gestión o los problemas sociales sobre el debate nacionalista. No lo sé. Pero sí se puede afirmar que no es relevante. En última instancia, al día siguiente, todas las ecuaciones sobre posibles gobiernos se resolverán, de nuevo, bajo la sombra de la dialéctica identitaria. No hay razón alguna que permita pensar que algo puede cambiar. Las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia no son suficientes siquiera para una tregua. La identidad es más importante para el político nacionalista.

En principio, hay dos hipótesis principales de gobierno. Una primera sería un nuevo gobierno independentista, con la incógnita, no pequeña pero irrelevante para el debate de fondo, de qué formación lo presidiría. La segunda sería un gobierno de izquierdas, suma de PSC, Esquerra y Comuns. Es factible, incluso es lo más probable, que los dos supuestos sean posibles. En ese caso, será Esquerra quien decida. De entrada, ha negado con contundencia la posibilidad de un acuerdo con el PSC. Así, todo parece reducirse, de nuevo, al duelo dentro del nacionalismo. También podría suceder que las fuerzas no independentistas alcanzasen la mayoría en el Parlamento. No es una hipótesis probable pero tampoco imposible. En todo caso, da igual. Nunca llegarían a un acuerdo.

Así, una cosa parece clara. Cataluña está abocada a un gobierno bajo la hegemonía independentista. Si a los partidos nacionalistas les falta algún escaño, es casi seguro que alguna formación acudirá en su auxilio. Y volveremos al punto de partida, seguiremos donde estamos desde hace ya demasiados años. Porque, por más que algunos deseen mostrar lo inexistente, Esquerra sigue donde ha estado siempre. En un unilateralismo sólo matizado por un tactismo histórico, como ha demostrado hace muy pocos días en la votación del decreto-ley sobre fondos europeos. Y, en su conjunto, el nacionalismo catalán, con distinta intensidad, sigue asentado en un discurso supremacista, populista y con desprecio por reglas elementales de la democracia constitucional. Mientras éste sea su soporte ideológico, no hay opción alguna al acuerdo. Ni siquiera para el diálogo, porque, simplemente, no quieren dialogar. Quieren imponer. El error histórico de los partidos nacionales es no haber asumido esta premisa y seguir pensando que cediendo y cediendo se llegará a un acuerdo o, al menos, a una situación de ‘stand by’, olvidando que cada cesión arma a quienes sólo quieren destruir lo que esos partidos representan y están obligados a defender.

Las recientes, y reiteradas, declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno son una muestra fehaciente de la capacidad de contaminación del debate catalán. Por sí mismas tienen la suficiente enjundia y gravedad como para haber provocado una crisis de gobierno de consecuencias imprevisibles. Una contaminación que se hace intolerable cuando, en una situación de auténtica emergencia, el Gobierno de España depende de fuerzas que sólo piensan en la destrucción del Estado. Ello obliga a apelar a la responsabilidad de todos para evitar que esta situación siga condicionando cualquier acción política. Mientras se mantenga, no será posible ni afrontar con eficacia los problemas a los que se enfrenta el país ni comenzar a elaborar la política necesaria para reparar heridas en la sociedad catalana.

Es responsabilidad de todas las formaciones políticas de ámbito nacional invertir esta situación e impedir que la gobernabilidad de España dependa de quienes, de acuerdo con sus propias palabras, no tienen el más mínimo interés en ella. Sea cual sea el resultado de las elecciones del 14 de febrero, la respuesta debe ser un acuerdo de Estado que diga al nacionalismo que el interés general de los ciudadanos españoles, catalanes incluidos, está por encima de cualquier otra consideración.