La campaña en Cataluña

Comenzó ayer la campaña para unas elecciones que deberían ser la oportunidad para que Cataluña recuperase al fin la senda de una gobernación sensata, más necesaria ahora que nunca, volcada con los problemas reales y alejada de victimismos y desatinos. Desgraciadamente, no es ese el talante de los soberanistas, y la Generalitat se ha permitido un nuevo desafío al Tribunal Supremo concediendo a los condenados por la sedición de 2017 un tercer grado penitenciario que, hasta que sea recurrido, les permite participar en actos políticos.

A pesar del embrollo creado por la Generalitat al convocar primero los comicios para luego intentar aplazarlos, las elecciones autonómicas catalanas se celebrarán el 14 de febrero, la fecha prevista inicialmente. Lo que plantea la obligación de organizar las votaciones de manera que se minimice el riesgo de contagio, facilitando al tiempo la participación. Si algunos sondeos pronostican que los socialistas serán la formación más votada, la encuesta que ayer publicó el instituto demoscópico oficial catalán augura un refuerzo de las formaciones separatistas, además de un pronunciado aumento de la abstención. Pero la formación de gobierno dependerá indudablemente de los pactos poselectorales, y puede abrirse la oportunidad de reconducir la política catalana hacia el respeto institucional. Después de demasiados años de desvaríos, sería bueno que de estas elecciones saliera un gobierno autonómico capaz de representar a la gran mayoría de los catalanes, dentro del respeto a la Constitución, y con voluntad de centrarse en la buena administración y la resolución de problemas. En todo caso, la campaña ha comenzado con un hecho grave. Al conceder el tercer grado a los presos del ‘procés’, la Generalitat desafía al Supremo, que ya anuló en diciembre esa misma medida y dejó claro que los sediciosos no cumplen los requisitos para recibir tal beneficio penitenciario. Es de esperar que el correspondiente recurso vuelva a poner las cosas en su sitio.