La crisis sin precedentes generada por la pandemia se saldó en 2020 con la destrucción de 622.600 puestos de trabajo, rompiendo con una racha de crecimiento del empleo iniciada en 2013. En Aragón, fueron 23.100. El año pasado quedará, pues, para los registros como en el que el mercado laboral quedó arrasado por la irrupción de la covid-19. Ahora es necesario poner en marcha todos los mecanismos posibles para recuperar la senda del crecimiento cuanto antes. No basta con confiar en lograr una amplia vacunación o con el efecto de las ayudas de la UE, son necesarias reformas que fortalezcan la competitividad del país y que aseguren la creación de empleo.

La última Encuesta de Población Activa, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística, anuncia una lenta recuperación del empleo en el último trimestre de 2020 (164.000 ocupados más), pero un cómputo negativo al mirar el comportamiento en el global del año. Por ello, el mercado laboral debe seguir siendo prioritario para la política económica en España, con acciones específicas, como la reciente prolongación de las ayudas a los autónomos y los ERTE. A ello debe añadirse la necesaria reducción en la burocracia y los costes vinculados a la contratación laboral.

España tiene que poner en marcha reformas estructurales en materias como el sistema educativo, la financiación autonómica o la modernización de la administración. La actual crisis hace más patente si cabe que el país necesita seguir avanzando en el proceso de digitalización, de crear un mercado laboral flexible y de reforzar las políticas activas de empleo que permitan la recualificación de la población trabajadora. La inmensa mayoría de los empleos que se crearán en la próxima década requerirán perfiles cualificados. De ahí la vital importancia de que las personas desarrollen las competencias adecuadas a las necesidades de la economía nacional.