Si semanas atrás se hubieran enumerado las muchas dificultades por las que hipotéticamente podía atravesar el proceso de vacunación seguro que no se habrían detallado tantas adversidades/anomalías como las que hoy se están sufriendo. Cuesta imaginar que un procedimiento de salud pública de tanta importancia, quizá el más relevante y masivo al que se haya enfrentado un gobierno, no estuviera detallado al milímetro, previendo todo tipo de excepciones y dificultades. Además de interrumpirse el suministro de las vacunas, una cuestión atribuible a la farmacéutica Pfizer, pero que algunas comunidades como Aragón sopesaron anticipadamente como una posibilidad cierta al garantizar una reserva estratégica, ha fallado la coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las autonomías. Madrid ha mostrado un abierto desconocimiento sobre las estrategias y protocolos de vacunación descritos por los gobiernos regionales, premiando y perjudicando en las segundas entregas sin reparar en los porqués de las regiones. Las instrucciones no han sido comunes ni compartidas, permitiendo que la libre interpretación decidiera si en un vial había seis o cinco dosis. Una falta de información que sumada al empleo de un tipo de jeringuilla alejada de la precisión ha permitido que se pierdan cientos de dosis. No solo los planes que describen los turnos y los colectivos a vacunar han estado sujetos a la admisión de generosas excepcionalidades, sino que con todo este gran batiburrillo se ha elevado el malestar de los ciudadanos por la ausencia de unas pautas claras. La gravedad de la situación obliga a aplicar con el máximo rigor los protocolos de vacunación.

Aragón, al igual que el resto de las autonomías, se ha visto forzado a reprogramar el proceso ante la falta de viales (la Comunidad de Madrid directamente suspendió la inmunización de los sanitarios), aunque sabiéndose condicionado por la necesidad de suministrar la segunda dosis a los vacunados hace unos días. Se ha roto la estrategia e interrumpido un ritmo de vacunación que debería permitir, tal y como señaló el presidente Pedro Sánchez el pasado viernes en Zaragoza, que el 70 por ciento de la población esté inmunizada en verano.

Lo que tenía que haber sido un procedimiento único, común para todas las autonomías y guiado por una transparencia extrema

-que ayer forzó la dimisión del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad)-, que priorizase en velocidad y atención a los grupos necesitados de una urgente protección, se ha convertido en un cúmulo de dificultades que añaden desconfianza sobre la vacunación.

Mientras tanto, la enfermedad continúa creciendo y la ola de la pandemia presiona sobre la atención hospitalaria obligando a varias autonomías a aplicar medidas extremas, próximas al confinamiento, en la esperanza de que se frene la multiplicación del efecto de las navidades. Así estamos a día de hoy, con un proceso que aún no ha logrado la imprescindible velocidad de crucero –desde la DGA se asegura que el ritmo se retomará en los próximos días, aunque sujeto a las dosis disponibles– y con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a punto de presentar su renuncia para comenzar la campaña electoral en Cataluña. Un inicio de año en el que se observa cómo el ministerio que en la actualidad ha pasado a considerarse como el más relevante del Ejecutivo sufre un relevo producto de la oportunidad política.