El año 2020 destacará en la historia negra del mercado laboral español por el impacto destructivo de la lucha contra el coronavirus: 360.000 puestos de trabajo destruidos, 725.000 parados más y otros 755.000 en el limbo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Mientras avanza el proceso de vacunación, es necesario mantener las ayudas de emergencia para asegurar la supervivencia de las empresas viables y los empleos, y es imprescindible poner en marcha políticas para favorecer la reactivación económica con el apoyo de los fondos europeos. 

Como era previsible desde que se declaró la pandemia, el año 2020 pasará a la historia por su abrupta destrucción de empleo. Los datos de paro registrado hechos públicos ayer por el Ministerio de Trabajo arrojan un aumento de paro sin precedentes, del 23%, hasta los 3,9 millones de parados. A estos hay que sumar los trabajadores inmersos en un ERTE, que siguen figurando como afiliados a la Seguridad Social. En Aragón, la covid también ha roto el ritmo continuado de descenso del desempleo que se venía registrando todos los diciembres desde 2014 y ha contribuido a que 17.509 aragoneses hayan pasado a engrosar las listas del paro, hasta llegar a 82.365, sin contar los 18.219 incluidos en un ERTE y los 9.515 autónomos que han solicitado prestación extraordinaria en la comunidad. Al calor del impulso a la vacunación, que debe ser mucho más intenso que el visto hasta ahora, hay que aplicar medidas que aceleren la recuperación laboral.

La reactivación económica depende de varios factores, entre los que destaca el aprovechar los flujos de inversión provenientes del exterior. Desde luego aquellos asociados a la UE, pero también los de la inversión extranjera directa. En ambos casos, la exigencia es proyectar la máxima confianza tanto por parte del Gobierno como de los agentes sociales.