Sobre mandar y que te quieran
Cuando Alfonso Guerra, en otro tiempo todopoderoso vicepresidente del Gobierno, empezó a vivir horas bajas por los tráficos de influencia de su hermano Juan, llevaba muy mal la crítica. Hasta ese momento, su poder y la fuerza de su verbo eran escudos muy eficaces. En ese contexto, Eduardo Haro Tecglen le dedicó una columna memorable en la que glosaba que Guerra quería mandar y que le quisieran, ante lo que Haro concluía: "Con mandar ya tiene bastante".
El rey Juan Carlos, por quien pocos con pedigrí democrático daban un duro cuando nombró a Adolfo Suárez, tenía el reto de mandar lo justo y de que los españoles le quisieran. Consiguió las dos cosas: ejercer con potestad su función de jefe del Estado de una monarquía parlamentaria y, en un país por conquistar, que se le quisiera.
Por eso, por haber logrado lo más difícil, duele más la doble contabilidad, aflorada oficialmente con su regularización fiscal y que empaña su legado como jefe de Estado de la mejor etapa de la historia de España. Juan Carlos I no necesitaba hacerse rico. Que le quisiéramos era su verdadera fortuna.
Ahora, lo que tampoco necesitamos los españoles es la agitación antimonárquica que vivimos, recrudecida precisamente en el 42 aniversario de la Constitución, en la que se está empleando a fondo Podemos y en especial su líder Pablo Iglesias. Como si no tuviéramos suficiente con la pandemia y sus efectos en la salud y la economía de los españoles, y la persistencia de otras crisis como el secesionismo de una parte de los catalanes.
Ante semejante arremetida, y para los que cuestionan la utilidad de la monarquía, el dato es que Felipe VI obtiene una valoración muy por encima de los líderes políticos de cualquier color. Sólo nos faltaba entrar en la tremenda crisis que supondría cambiar de régimen, impulsados por turbulencias interesadas. Los constitucionalistas coinciden en que nuestra monarquía parlamentaria es la clave de bóveda de un sistema democrático, de poderes y contrapoderes, que reina pero no gobierna, y da estabilidad, unidad y continuidad al Estado, por encima de la alternancia de los partidos. Con transparencia y ejemplaridad, como bien han asumido hoy en Zarzuela. Y que lo que sí necesitamos son más defensores de las instituciones.
Carlos Puigdemont, en un reciente artículo de antología del disparate, lamentaba cómo la capacidad del Estado -por fin se ha enterado- contrariaba sus intereses. "El Estado español –escribía el pasado día 6, en lo que a la postre resultaba un elogio a lo logrado por nuestra Constitución- es por encima de todo una maquinaria de poder que actúa como un sistema experto; no importa la ideología o el poder concreto que tienen las personas que ocasionalmente lo representan. Es un gran repositorio interactivo de conocimiento sobre el poder y la administración, enriquecido por cada generación de políticos y altos funcionarios de los tres poderes, que da la respuestas necesarias a cada situación". A Puigdemont le duele que no se negocia solo con el presidente de turno, sino con todos los que le han precedido y vertido su conocimiento y experiencia en este sistema experto. "La probabilidad de que la maquinaria de poder te engulla antes de que te hayas dado cuenta es muy elevada". Con este ‘argumento’ apostaba por ir a la confrontación.
Desde otra posición, parece la inspiración de Pablo Iglesias. Lo que las urnas le quitan trata de recuperarlo desde la provocación: se comporta como si fuera oposición siendo parte del Gobierno; desvela con deslealtad las deliberaciones del Consejo de Ministros; y se aplica a la agitación porque ocupar un ministerio ni resuelve por sí mismo los problemas ni permite gestionar el dinero público de forma asamblearia. El Estado está ahí, también para el vicepresidente. Desde el bucle de oportunismos en el que vive, es verdad que manda… pero hasta el momento, afortunadamente, no lo que pretende. Lo que sí consigue con su comportamiento es trasladar a los españoles un gran desasosiego y poco afecto. ¿Él representa los ‘valores republicanos’? Punto a favor de Felipe VI.
Pero ante tanto disolvente, Pedro Sánchez es el primero que tiene obligación de abanderar la defensa de las instituciones. Incluso lo necesita.
