Hablemos con propiedad

Don Juan Carlos de Borbón no es el Rey. Dejó de serlo al abdicar la corona en su hijo y sucesor, Felipe VI, de acuerdo con las previsiones constitucionales, pese a que en aquellos momentos se echara en falta un Estatuto de la Corona que vienen reclamando los especialistas, que estiman se dejó abierta una laguna legal de importancia y que el paso del tiempo y los acontecimientos han evidenciado su necesidad.

Don Juan Carlos utiliza un título de rey que tiene exclusivamente carácter honorífico y protocolario, que le fue otorgado por un real decreto del Gobierno en junio de 2014 tras su abdicación, con el ánimo de reconocer los indudables servicios prestados a la nación española y rendirle los honores propios de quien ostentó la jefatura del Estado durante un largo periodo de tiempo.

Se le conoce también, popularmente y por el tratamiento que dan a su persona los medios informativos, como ‘el rey emérito’, sin que la expresión, en este caso, tenga trascendencia ni significación alguna, más que la que indica la propia palabra ‘emérito’, que según la Real Academia es lo que "se dice de una persona, especialmente un profesor, que se ha jubilado y mantiene sus honores y alguna de sus funciones". Hay una segunda acepción del término en la RAE: decíase en Roma del "soldado que ha cumplido su tiempo de servicio y disfruta la recompensa debida a sus méritos".

Títulos y honores que con carácter vitalicio otorgó el Gobierno, por lo que sería el Gobierno quien debería tomar la iniciativa, en su caso, para retirarlos mediante otro real decreto equivalente, teniendo en cuenta las consecuencias colaterales de una decisión de esta naturaleza, que puede afectar a otras disposiciones relativas al estatuto de los exmonarcas y en cuya complejidad no es momento de entrar. No es, por tanto, al actual Rey de España a quien correspondería ‘retirar’ a su padre el honorífico trato de ‘rey’, aunque se dé la paradoja de que Felipe VI debería firmar ese real decreto si se da el caso en el que el Gobierno proponga la anulación de títulos y honores.

Cuestión distinta sería la posibilidad de que Felipe VI decidiera excluir a Don Juan Carlos de la familia real, lo que no parece probable por las complicaciones legales que llevaría consigo –sería necesaria una ley orgánica de espinosa y arriesgada tramitación– y porque supondría una especie de condena previa antes de que la Justicia hubiera resuelto en sentencia firme la situación de Don Juan Carlos.

Y no hay que olvidar que Don Juan Carlos goza, como cualquier ciudadano español, de la presunción de inocencia, que nos estamos saltando a la torera con demasiada frivolidad, y la estamos convirtiendo, en su caso, en presunción de culpabilidad.

Don Juan Carlos no está hoy por hoy ni imputado ni investigado y hasta que haya un pronunciamiento judicial firme es un ciudadano libre y merecedor de respeto. Y de agradecimiento, a pesar de todo el revuelo mediático que en contra de su persona y de la institución monárquica se está orquestando.