La capital de Aragón, como el resto de las poblaciones españolas, ha suprimido docenas de nombres de vías públicas en la presunción de que implicaban un homenaje a la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y al subsiguiente régimen de la dictadura franquista, en cualquiera de sus fases: de severa dictadura en la larga posguerra o de régimen autoritario -según la taxonomía de Juan Linz- en decenios posteriores. En Zaragoza han mudado de nombre cerca de cinco docenas de vías públicas, alteradas por acuerdo municipal en dos ocasiones. En la primera, fueron trece, y cuarenta y tres en la segunda. Los cambios se hicieron, según era deseable, sin grandes discordancias. No obstante, a juicio de algunos partidos y grupos, queda tarea pendiente y, aunque no solo referida a la denominación de las vías públicas, una ley aragonesa de 2018 se ha propuesto depurar esos recuerdos, si bien el asunto particular de los nombres de las vías públicas es secundario.

El texto legal es largo y, en algún punto importante, impreciso. Eso acarrea inconvenientes cuando se trata de sancionar negativamente algunos hechos y conductas. Es de elemental técnica jurídica, que no debiera nunca descuidar el legislador, precisar qué se castiga exactamente.

El punto de los nombres de calles no siempre es fácil de resolver, porque esta ley, con sintaxis defectuosa, no prescribe con precisión y claridad el hecho punible. Así, en su artículo 31, prohíbe las alusiones en los rótulos callejeros no solo a quienes instigaron a la sublevación militar de 1936 y legitimaron dicho alzamiento o la subsiguiente dictadura franquista, sino asimismo a los «participantes», concepto impreciso que deja amplio lugar al arbitrio de quien haya de aplicar lo legislado. En sentido amplio -pero no arbitrario-, cualquier combatiente que luchase en el bando sublevado fue participante y está incurso en censura, aun si no lo hizo de modo voluntario.

Un ejemplo: basta recordar que el jefe de la Quinta División Orgánica (nombre de la región militar aragonesa en la República) movilizó de golpe a los mozos censados en las quintas de los años 1931 a 1936. Estos, les gustase o no, ‘participaron’ en la sublevación que abrió la guerra.

En 2020, es oportuno preguntarse: ¿implica alguna exaltación de violadores de los derechos humanos (ese es el punto primordial) mantener nombres de calles alusivas a quienes fueron así distinguidos por razones que no fueran su apoyo a la dictadura o su exaltación? Fleta, Benavente, Azorín, Cela, Dalí, Laín, Marañón, Gutiérrez Mellado, Quintana Lacaci o Adolfo Suárez -la lista podría ser muy larga- apoyaron o el golpe del 18 de julio o al régimen de Franco. De ahí la necesidad de perfilar mejor una ley que intente regular el asunto de modo equitativo. Es lo menos.

Las calles que faltan

Más apropiado parecería, a ochenta y cuatro años de distancia de 1936 y a cuarenta y cinco de la muerte de Franco, distinguir con una calle a quienes lo merecieron y no la tienen. Puede pensarse en Juan Martín Sauras, ilustre profesor e investigador -depurado por republicano, y, a la vez, protegido por Rocasolano-, en Juan Cabrera y Felipe -mismo caso, pero con Calamita-, ambos ejercientes luego en nuestro campus, como decano el uno y rector, el otro, bajo el franquismo. Los detractores del rector Calamita, franquista sin duda, omiten siempre recordar sus méritos ajenos a la política; o cómo su retórica intencionadamente beligerante lo puso por encima de sospechas, lo que aprovechó para mitigar los efectos de las depuraciones a que, voluntad aparte, estaba obligado por su cargo rectoral. Asunto patente en varias facetas, incluida la del magisterio de Zaragoza, en el que, por la abundancia de republicanos y socialistas, otro hubiese ido mucho más allá de la veintena de casos a que consiguió reducir la depuración.

Y caso llamativo de silencio y olvido es el del general Miguel Campins, africanista, distinguido en combate, compañero y, luego, subordinado de Franco, que fue inicuamente fusilado por Queipo de Llano. Campins, en Zaragoza, dio lustre a la Academia General Militar, se encargó de resumir su ideal de la milicia en el aún vigente Decálogo del Cadete y, como seguidor de Giner de los Ríos y de la Institución Libre de Enseñanza, conformó un plan de estudios novedoso y exigente para los futuros oficiales del Ejército de Tierra que se formaban en Zaragoza. Un jefe capaz y ejemplar.

Debe ayudarse a fondo y sin duda a quienes buscan la justicia aún debida a sus deudos muertos con ignominia sectaria. Pero sin olvidar que, a su amparo, pululan quienes solo buscan un castigo, una venganza póstuma, protagonismo y lucro político. Y si el supuesto verdugo no lo fue, intentan presentarlo como tal. Quizá les importe si aún sobra algún nombre de calle. Pero no muestran interés por algunas que, obviamente, faltan. Por algo será.