Separación de poderes

El Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió a los nueve líderes independentistas condenados por sedición por considerarlo prematuro. Es lógico que el tribunal que les sentenció en 2019 atienda así la postura de la Fiscalía, que en su informe subrayaba que este régimen generaba una «sensación de impunidad». Tanto la Fiscalía, con su petición, como la sala que los juzgó, con su resolución, han demostrado que la defensa de sus criterios, ajustados a la ley, está por encima de los intereses del Gobierno, que acaba de obtener el apoyo de los partidos secesionistas a los Presupuestos del Estado. Así debe ser para preservar la separación de poderes que caracteriza a las democracias.

Junqueras y el resto de los presos del ‘procés’ seguirán encarcelados sin disfrutar de la semilibertad de la que gozaron el verano pasado. Los magistrados consideran que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar la evolución de los internos, especialmente cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. En este sentido, la severa crítica del Supremo a la Generalitat por pretender ser una «extravagante tercera instancia» judicial debe ser tomada como un aviso ahora que el Gobierno negocia el traspaso de la competencia de prisiones al ejecutivo vasco.

Dentro del capítulo de las reacciones a esta revocación, la vicepresidenta Carmen Calvo ha reprochado a Podemos que se encuentre en «posiciones de precampaña» después de que la formación morada haya urgido a acelerar la reforma del delito de sedición en el Código Penal y a tramitar los indultos a favor de los condenados por el ‘procés’. Cualquier movimiento en ambos sentidos antes de las próximas elecciones catalanas sería interpretado, con razón, como el pago del apoyo independentista a los Presupuestos.