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Opinión

la rotonda

Las pérdidas que no cesan

Por
  • Juan Manuel Iranzo Amatriaín
OPINIÓNACTUALIZADA 30/11/2020 A LAS 01:00
El virus nunca dejó por completo de atacar las residencias
'Las pérdidas que no cesan'
Aranzazu Navarro

Hace poco leí esta frase, dura y directa: "Una residencia es el último lugar en el que alguien debería terminar sus días. Donde mejor está una persona es en su casa". La dijo Jorge Guarner, que no es mayor ni defensor de la vida independiente de los discapacitados ni abogado del (auto)cuidado comunitario de los mayores, sino un empresario cuyas centros, cuando vendió el grupo Sar Quavitae, empleaban a 12.000 personas, ofrecían 14.000 camas y facturaban 360 millones de euros; hoy su constructora edifica y alquila inmuebles a empresas y administraciones sin capital para levantar sus propios centros sanitarios o sociales; casero prudente, ofrece contratos a 25 años con alquiler fijo, indizado al IPC, sin exceder el 50% del ingreso antes de impuestos y pagos financieros del inquilino, y promete al inversor un parco beneficio (1% trimestral), pero seguro: habrá residencias en 2045, acaso siempre.

Un modelo residencial diferente al actual, no basado en macrocentros sino en pisos tutelados o asistidos para pequeños grupos de personas, podría resultar más barato

La paradoja de calificar de indeseable un servicio y afirmar con certeza su estabilidad por décadas me dejó perplejo. El riesgo de las residencias en la pandemia es claro: el 20 de noviembre, según publicó HERALDO, sufrían 55 de los 86 brotes de covid activos en Aragón; el 22, la cifra oficial de muertos era 2.203 personas –en torno al 60%, usuarios de esos centros–. Según Guarner, el tamaño mínimo de un centro con economías de escala y el beneficio usual en el mercado está entre 100 y 150 residentes, justo el más afectado por la covid. Quizá por eso el último lema de moda en el sector evoca los grupos burbuja escolares: "Centrarse en la persona (¿en qué se centraban antes?), con grupos reducidos y unidades de convivencia". Es decir: quizá haya reorganización interna, pero no cambio del modelo de negocio. Compañías y fundaciones lo prefieren, los políticos no ven por qué oponerse, las familias solo desean que sus allegados ‘estén bien’ y quienes vivimos en residencias no tenemos conocimientos técnicos ni estamos organizados para quejarnos, así que es fácil ignorarnos. Y es un asunto de mucho dinero.

Síganme en este razonamiento. Según la Orden CDS/236/2020, de 4 de marzo, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales subvenciona una plaza de residencia concertada para una persona con discapacidad física gravemente afectada (como yo) con 88,30 euros/día, unos 32.230 euros al año, además de un copago entre el 33 y el 80 por ciento de la pensión del usuario. Atendiendo al coste de oportunidad, concepto económico básico, nadie debería vivir en un centro si el coste de cuidarlo en casa es menor que la cifra antedicha. Lo contrario sería, además de un despilfarro, un agravio. ¿Y si precisa atención 24 horas al día? Necesita seis trabajadoras: mejorando los sueldos usuales, supondrían 150.000 euros al año, y 25.000 más (a lo grande) para pagar (unos años) la hipoteca de una vivienda pública adaptada nueva y sostenible, y gastos domésticos básicos. Con 88,30 euros/día, seis personas, un grupo menor del que suele tener que cuidar una sola auxiliar, sumarían 193.385 euros al año, sin contar sus pensiones: más que suficiente. Si hubiera maniobras que una auxiliar no puede hacer sola podrían trabajar en equipos de tres o cuatro: un hogar de 18-24 residentes, reunidos por afinidad. En suma: individualmente o en grupos pequeños, con menos recursos (impuestos) se crearía más empleo, de más calidad y más cualificado (con un título profesional pionero de ayudante personal domiciliario para dependientes) y el fondo verde europeo podría financiar la construcción o adaptación de viviendas por todo el territorio; ningún pueblo con más de seis personas como nosotros tendría que verlas marcharse.

Además de crear mejor empleo y ser más satisfactorio para ancianos y discapacitados

No sueño. El IASS dota plazas de alojamiento en pisos tutelados o asistidos para personas con discapacidad intelectual moderada y ligera (43,28 euros/día: apenas requieren ayuda física), pero parece incapaz de verlos para mayores o discapacitados físicos con pleno juicio. Es tragicómico. Con otra asignación de recursos podría no haber personas con discapacidad en lista de espera. Con otra infraestructura residencial, ¿seríamos la región con la peor tasa de mortalidad de Europa? ¿Y cuál habría sido la calidad de vida de quienes hemos vivido confinados casi toda la pandemia? ¿Aprenderemos, cambiaremos algo? ¿Quién?

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