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Opinión

la rotonda

¿Estado fallido?

Por
  • José Tudela
OPINIÓNACTUALIZADA 28/11/2020 A LAS 01:00
RUEDA DE PRENSA PEDRO SÁNCHEZ
RUEDA DE PRENSA PEDRO SÁNCHEZ
Borja Puig de la Bellacasa

España no es un Estado fallido. Comenzar un artículo con esta afirmación hubiese resultado impensable hace tan solo unos meses. Sin embargo, hoy tiene explicación. Es más, es preciso levantar la voz para rebatir una tesis que ha comenzado a extenderse desde prestigiosos analistas extranjeros. Estado fallido es una categoría surgida en la ciencia política para describir a países como Somalia o Venezuela, por citar dos ejemplos recurrentes, en los que, literalmente, el Estado es incapaz de cumplir sus deberes esenciales y domina el caos social e institucional, incluyendo la pérdida del monopolio de la violencia por el Estado. Con esta referencia, creo que cabe calificar casi de disparatada la afirmación mencionada, solo explicable desde el tradicional desdén con el que una parte del mundo anglosajón y centroeuropeo observa a los países del sur. Pero no cabe detenerse en la mera negación. Es preciso preguntarse por qué se ha llegado a semejante conclusión. Es seguro que España no es un Estado fallido. Pero algo tiene que haberse hecho mal, algo tiene que funcionar mal para que se haya descrito nuestro país en estos términos.

Detenerse en un ejercicio de autocrítica comienza a ser perentorio. Las particularmente graves consecuencias que la crisis sanitaria ha proyectado y proyecta sobre nuestro país deberían haber provocado que el poder público por propia iniciativa hubiese afrontado una tarea de diagnosis crítica. Es forzoso saber qué se ha hecho mal y cuáles eran las debilidades previas que han contribuido a agravar una situación de por sí muy complicada. Incluso para delimitar factores sociales ajenos al hacer de los distintos poderes públicos, ese análisis era preciso. Era y es. Porque nadie lo ha hecho y nadie parece interesado en hacerlo, aunque se han reiterado los llamamientos científicos para realizar una auditoría que aproxime a un análisis correcto de lo sucedido. En este sentido, merece mención y crítica singular el hecho de que llegados al mes de noviembre, la capacidad de respuesta institucional sea prácticamente la misma que en marzo.

Pero las consecuencias de la crisis sanitaria son solo el foco que ha iluminado las deficiencias globales del Estado hasta el punto de merecer la calificación de Estado fallido. Hay que recordar que desde 2015 España se encuentra sumida en una situación que se acerca al desgobierno. Cinco años; cuatro legislaturas; una moción de censura triunfante; aplicación del artículo 155 de la Constitución; un solo presupuesto aprobado; y un número de decretos-leyes sustancialmente mayor al de leyes aprobadas. Sin necesidad de acudir a otras circunstancias, son datos contundentes para afirmar que en el periodo mencionado el sistema político ha fracasado. No tengo dudas de que ese fracaso explica parcialmente la negativa respuesta a la pandemia provocada por la covid.

La crisis iniciada con las elecciones de 2015 tiene raíces anteriores. No se puede entrar ni siquiera a enumerar las mismas. Las sintetizaré diciendo que durante años se fue produciendo una paulatina erosión de los fundamentos de la convivencia democrática. Estos no son otros que los que derivan del artículo 1.1 de la Constitución. Un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El desprecio por el Estado de derecho; la mala comprensión del principio democrático, reduciéndolo a la simple regla de la mayoría; el olvido del valor del pluralismo con la irrupción de visiones netamente sectarias de la política; y el descuido de las exigencias de justicia en un Estado social, fueron constantes que explican que la crisis política iniciada en 2015 haya provocado una imagen del país como Estado fallido.

Hoy, España no es un Estado fallido. Es más, se puede afirmar con rotundidad que se encuentra muy lejos de serlo. Es un Estado miembro de la UE, con las garantías que ello conlleva, y que cumple satisfactoriamente tanto estándares institucionales como de servicio público. Pero este necesario recordatorio no puede ocultar ni la gravedad de la erosión institucional ni las acusadas deficiencias observadas en la prestación de determinadas políticas públicas. La pandemia solo ha puesto de manifiesto la gravedad de esas carencias. Es posible que si no se reacciona, España siga sin ser en términos de ciencia política un Estado fallido. Pero habrá fallado a sus ciudadanos y esta es la quiebra más grave para un Estado.

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