El rechazo a la ley Celaá
La participación de miles de personas, en las tres capitales aragonesas, en las manifestaciones contra la ley Celaá expresa el malestar y la preocupación de muchos ciudadanos ante el intento de restringir la libertad de elección de centro educativo. Una preocupación que debería compartir al menos una parte del Gobierno autonómico con un apoyo claro y contundente a la enseñanza concertada.
Aunque se trata de una norma de ámbito nacional cabía esperar que desde el Gobierno de Aragón al menos algunas voces se pronunciasen con claridad en favor de la libertad de enseñanza que la ley Celaá, con espíritu contrario a la Constitución, pretende limitar. Como ya ocurriera con las movilizaciones de 2017, las manifestaciones de ayer, que contaron con una nutrida participación a pesar de las circunstancias adversas que supone la pandemia, muestran que una gran parte de la sociedad aragonesa aboga por un equilibrio entre la escuela pública y la concertada que garantice la libertad de las familias para elegir la mejor enseñanza para sus hijos.
El presidente aragonés, Javier Lambán, destacó el sábado en unas declaraciones la convivencia en la Comunidad de las dos redes educativas y criticó la retirada al castellano de la condición de lengua vehicular, pero le faltó reconocer el ataque que la nueva ley puede suponer para la concertada y tener un gesto de apoyo más contundente. Aunque el PAR se sumó a las manifestaciones, resulta también notoria la falta de una reacción más enérgica por parte de una formación que debería, por su base electoral y en consonancia con su línea política, ejercer como garante dentro del cuatripartito de la libertad de elección de centro educativo y de los derechos de la enseñanza concertada. Es el momento de expresar el rechazo a una ley que, si es finalmente aprobada, supondrá una injusta limitación al pleno desarrollo de un derecho fundamental como es el de la educación.
