Los ministros Ábalos y Escrivá han acudido a Canarias para presentar un plan que alivie la presión migratoria y Grande-Marlaska se ha desplazado a Marruecos para pedir que refuerce el control de su fachada atlántica con el objetivo de evitar la salida de cayucos. Todo, después de que el pasado lunes Pablo Iglesias pusiera en un compromiso al Gobierno, del que es vicepresidente, al entrometerse en la política exterior. El Ejecutivo, que reconoce que ha cometido errores en la crisis migratoria, debe poner fin a esta desconcertante descoordinación que desbarata la acción exterior del Estado y alienta una crisis social, humanitaria, logística y de seguridad de proporciones extraordinarias en aguas del Atlántico.

El muelle grancanario de Arguineguín, en el que se hacinan en precarias condiciones miles de inmigrantes, es ya un símbolo de las graves consecuencias de las diferencias dentro del Gobierno de Pedro Sánchez y de su deficiente gestión migratoria. Varios ministros se han tenido que movilizar a toda prisa para pedir ayuda a Rabat y para anunciar que se habilitarán 7.000 plazas en carpas para alojar a los inmigrantes en Canarias. Son parches para un desafío mayor que debe abordarse de forma global, con lealtad entre los dos partidos del Ejecutivo y en coordinación con la UE.

La crisis migratoria refleja un nuevo brote de tensiones dentro del Gobierno –ha habido otros, muy recientes, en torno a los Presupuestos y al acercamiento a Bildu y a los independentistas– a causa de la falta de entendimiento entre el PSOE y Unidas Podemos. La última prueba surgió ayer mismo, cuando la responsable de Defensa, Margarita Robles, avisó a Iglesias de que no se puede estar en el Consejo de Ministros y hacer oposición, y los morados replicaron que Robles es la «ministra favorita» de la derecha. Tantas y tan graves discrepancias generan una alarmante sensación de desgobierno.