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Educación sin consenso

Por
  • Heraldo de Aragón
OPINIÓNACTUALIZADA 20/11/2020 A LAS 02:00
Isabel Celaá, este jueves durante el debate sobre la ley de Educación.
Isabel Celaá, este jueves durante el debate sobre la ley de Educación.
David Castro/EP

El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva ley que sustituirá a la Lomce. Y con esta ya serán ocho las aplicadas desde la Transición. El PSOE y Podemos han sacado adelante la polémica Ley Celaá por un solo voto de diferencia con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. Esta ajustada mayoría ilustra lo controvertido de la norma, que limita el papel de la concertada y elimina la mención al castellano como lengua vehicular. Una vez más, el Gobierno y la oposición han sido incapaces de pactar una ley. Pedro Sánchez se conforma con alumbrar una norma sustentada en la misma confrontación ideológica que ha marcado todas las anteriores para regular la enseñanza en la España democrática.

La llamada Ley Celaá ha salvado, en una broca sesión parlamentaria, un trámite fundamental para su aprobación definitiva y ha quedado a la espera de su paso por el Senado. Pero nace entre una gran división del arco político y también de la sociedad. Lo cierto es que Pedro Sánchez cede ante el independentismo en su pretensión de eliminar todo aquello que, como la lengua española, contribuya a la articulación del país. Hasta el grupo socialista en las Cortes de Aragón ha respaldado este jueves una iniciativa que aboga por mantener el castellano como lengua vehicular. La escuela concertada también ha encendido las alarmas y ha convocado manifestaciones para el próximo domingo, porque la nueva ley ataca este ámbito, creado por el PSOE de Felipe González, de centros privados financiados por el Estado. Lo mismo ocurre con la educación especial. El Gobierno pierde así otra ocasión de pactar una ley que perdure y que ponga como prioridad la calidad de la enseñanza. Empieza ahora otra batalla política que tendrá varios frentes, desde el judicial al autonómico. Por desgracia, una vez más van a ser los alumnos y las familias los que paguen el precio de esta estéril arrogancia política.

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