Los fallecidos en residencias aragonesas repuntan hasta llegar ya a los 135 en un mes, la mitad en la última semana. Ocho meses después del inicio de la primera ola de la pandemia, que se cebó trágicamente con los ancianos, el panorama empieza a ser de nuevo desalentador. Es preciso que las autoridades actúen con más celeridad y más medios para evitar que el coronavirus vuelva a diezmar a la indefensa población de estos centros de servicios sociales. Las cifras de muertos y contagiados de los últimos días tienen que reverberar como una sonora señal de alarma.

Las residencias concentraron buena parte de los muertos durante las peores semanas de la primera fase de la pandemia, desde marzo hasta mayo. La covid-19 se cebó sin piedad con las personas de edad avanzada, con las fuerzas y las defensas mermadas, a menudo aquejadas de patologías previas y con un nivel de asistencia sanitaria muchas veces tan voluntarioso como infradotado. La trágica experiencia que se vivió en muchos geriátricos dejó algunas lecciones muy importantes que ni las autoridades ni la sociedad deben olvidar. Faltaron equipos de protección, faltaron pruebas, faltó atención médica y coordinación con el sistema sanitario y faltó personal suficiente.

Aragón es una de las comunidades que más presión está sufriendo nuevamente en las residencias. Y, otra vez, la suspensión de visitas añade un elemento de penalidad para los ancianos, al cortarles prácticamente los vínculos con su familia. Es cierto que hay más recursos y los protocolos de actuación se han hecho más exigentes. No obstante, hay que multiplicar los esfuerzos para evitar que la tragedia de las residencias de mayores se repita. Debemos ofrecer todos los cuidados necesarios a una generación que de sobra prestó ya sus servicios a la sociedad en tiempos también difíciles.