La función primordial del Banco de España es vigilar y promover el buen funcionamiendo de nuestro sistema financiero, pero desde hace ya unos años el máximo responsable de la institución se ha convertido también en una especie de Pepito Grillo de todo lo que tiene que ver con la economía nacional. El gobernador habla de políticas macro, iniciativas del ámbito laboral, subidas salariales, pensiones, presupuestos... Todo cabe en esos análisis que acaban sacando los colores al Gobierno correspondiente, con más o menos razón, mientras los partidos que ejercen la oposición obtienen más argumentos para criticar la acción política del que está en el poder.

Muchos se preguntan por qué tiene que opinar de temas tan diversos quien debería ceñirse a ejercer de puente del Banco Central Europeo (BCE) con entidades financieras dentro de nuestro país y gestionar otras cuestiones relacionadas con los mercados, pero quizás haya que pensar mejor que vale la pena escuchar lo que opina una voz seguramente muy cualificada, aunque sobre eso no hay opiniones concluyentes. Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), que fue gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012, fue muy criticado por ofrecer recetas de todo tipo de temas que no afectaban a su función mientras se producía una crisis sin precedentes en nuestro sistema financiero, un elemento crítico en la recesión económica que vivimos entonces.

Hoy, en cambio, con un sistema bancario que está destinado a ser más parte de la solución que del problema en este escenario de debacle económica causada por la covid-19, la voz crítica del actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, puede escucharse con más nitidez. Con un perfil muy técnico, quien ejerce desde junio de 2018 el puesto que tuvo MAFO fue especialmente duro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado miércoles al considerar demasiado optimistas las previsiones incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno de coalición PSOE-Podemos ha dibujado un escenario que no parece recoger el alcance y los efectos reales de la segunda ola de contagios de coronavirus. En este escenario, además, apuntó el gobernador, no parece aconsejable subir los sueldos de todos los funcionarios. Hernández de Cos cree que ese incremento salarial debería circunsccribirse al colectivo de los sanitarios.

Conscientes de ser unos privilegiados en estos momentos, con sueldos fijos y sin preocupaciones ante un futuro próximo marcado por el cierre de empresas de todo tipo de sectores de actividad, no son pocos los trabajadores de la función pública que aceptarían hoy una congelación salarial, medida más acorde con la situación que estamos viviendo. Los sanitarios, en cambio, deberían recibir un incentivo que vaya más allá de aquellos aplausos que les brindamos desde los balcones en todos los rincones del país en pleno confinamiento.

Según Pablo Hernández de Cos, la segunda ola de la pandemia en estas fechas restará crecimiento económico y aumentará las necesidades de gasto sanitario y por paro, al tiempo que reclamará nuevas ayudas en forma de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Incrementar en estos momentos gastos estructurales, en referencia a la subida del 0,9% del sueldo de los empleados públicos en un contexto de baja inflación, dijo, puede condicionar el retorno futuro a la estabilidad fiscal. El gobernador, en todo caso, cree que las previsiones del Gobierno en crecimiento económico (un 7,2% en 2021), ingresos (43,2% del PIB), déficit (7,7%) o deuda pública (120% del PIB), por ejemplo, no se ajustan a la realidad. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), por cierto, también piensa lo mismo.