Bajo el paraguas jurídico del estado de alarma, el Gobierno de Aragón confina perimetralmente las tres provincias y ordena un cierre de actividades no esenciales a las 20.00h: hostelería, comercios minoristas y grandes centros, cines, teatros, museos y similares. Lo cierto es que la escalada en el número de contagios por coronavirus registrada en las últimas semanas en la Comunidad, como en el resto del país, obliga a tomar medidas más exigentes. Es responsabilidades del Ejecutivo de la nación y de las autonomías adoptar las iniciativas necesarias. Tras sus pasos deben ir los de los ciudadanos. Si estos no colaboran será imposible alcanzar los objetivos. 

El Gobierno de Pedro Sánchez no decidirá hasta el próximo lunes sobre el confinamiento domiciliario, a pesar de que sigue aumentando la presión sanitaria por la covid-19 en todo el país. Se justifica en que es pronto para saber si las últimas medidas lograrán aplanar la curva de contagios. No obstante, algunas comunidades proponen ya el confinamiento de las personas. De momento, Aragón lo descarta, en línea con un Ejecutivo que pide calma. De cualquier modo, hay que valorar la experiencia de otros países europeos que lo están imponiendo aunque sus uci no están al límite.

Las leyes son el principal medio del que se vale el Estado para imponer sus fines, pero siempre está limitado por la libertad de las personas. Finalmente, no está en sus manos el que los ciudadanos se comporten de una determinada manera. En consecuencia, de poco sirven las llamadas a la responsabilidad individual si los ciudadanos no responden con una actitud responsable. Las democracias se sustentan sobre una cultura cívica que asegura la adecuada combinación de derechos y obligaciones. En este contexto colaborativo, la salvaguarda de la libertad individual no debe entrar en confrontación con el deber de preservar la seguridad sanitaria de todos.