Corremos el riesgo de volver a colocar a la covid unas banderillas políticas, el estímulo que necesita para revolverse y embestir con mayor gravedad, por si todavía nos parecía un virus cualquiera. La declaración del estado de alarma, sin el aval de científicos con nombres y apellidos, salvo los de Illa y Simón, un filósofo y un médico, alimenta el terreno de los desestabilizadores y de los oportunistas, siempre atentos para perpetrar cuatro capotazos en una mera de faena de aliño. 

Las comunidades autónomas han tenido que suplicar el estado de alarma -lacerante, el caso de Aragón, donde las puñetas de los magistrados se impusieron al sentido común ante la falta de una ley adecuada- cuando están a punto de desbordarse los hospitales. Sin embargo, el paraguas que ha abierto Sánchez parece más bien una escafandra que no dejará pasar el aire de las libertades hasta mayo. ¿Qué se dirime en el fondo? La clara decisión del presidente del Gobierno de endosar la responsabilidad de la gestión, y su preceptivo desgaste, a las Comunidades, como si el virus fuera diferente en La Coruña y en Almería o necesitara respuestas diversas ante la misma pandemia. Los juristas parece que se ponen de acuerdo al invocar el artículo 7 de la ley orgánica que regula el estado de alarma, excepción y sitio, que otorga la responsabilidad completa al Gobierno, salvo en el caso de que la declaración afecte solo a un territorio. O expresado con rotundidad, el presidente tiene a partir de ahora la responsabilidad pública de toda decisión en el ámbito de la covid que adopte, por ejemplo, Lambán en Aragón. Eso es, estrictamente, lo que ha aprobado el Ejecutivo y, por ello, ayer mismo rectificó al devolver a las regiones la potestad de suprimir el toque de queda a partir del 9 de noviembre, fecha en la que Sánchez volverá a ejercer de Pilatos.

En todo caso, resulta sorprendente que el país vuelva a encallar en el mismo problema que sufrió durante la primavera, cuando los padres de la patria se entregaban a las dudas sobre el estado de alarma mientras las morgues no admitían más cadáveres. 

En ese contexto, la última conferencia de presidentes escenifica el fracaso de una gestión deficiente. La imagen de los 17 cabezas autonómicos, dibujando un puzle en cuadraditos en una videoconferencia, solo puede generar lástima. Esperando a que les llegara su turno de palabra para exigir lógica y financiación para tapar un agujero humano, económico y social de una profundidad insondable, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asistió perpleja a la declaración absurda y mezquina de Pere Aragonès. Como expresó García Page, pide el dinero en castellano y lanza las soflamas en inglés. 

Ya hay quien se pregunta cuándo España tomará una decisión acertada, después de encabezar todas las estadísticas del infortunio en Europa y volver a actuar tarde ante el agravamiento de la segunda ola. El último error, subir el impuesto de sociedades en los próximos presupuestos, la medida que refleja con mayor claridad la incapacidad de un gobierno a la deriva.