Viendo algunos retazos de la reciente moción de censura, me ha venido a la memoria la concesión en 2020 del Nobel de Economía a Robert B. Wilson y Paul Milgrom por sus teorías sobre los procedimientos de las subastas y sobre los mecanismos por los que se fija un precio, que -resumiendo mucho- vienen a ser como un juego en el que los subastadores quieren obtener el precio más elevado, al revés de los compradores, que buscan el precio más bajo (como puede apreciar el lector, dicho sea de paso, no pueden ser calificados precisamente como muy originales estos científicos).

Esto recuerda mucho a los matemáticos John von Neumann, creador de la Teoría de Juegos, y John Nash (otro Nobel en 1994 e inspirador de la famosa película, de 2001, ‘Una mente maravillosa’), teoría que viene a demostrar que el resultado de un juego entre dos personas es aquel en que cada jugador ha tomado su decisión después de haber valorado previamente el probable comportamiento del otro jugador. 

Y digo que me ha venido todo esto a la memoria al observar que en el debate de aquella moción lo menos importante era el contenido de los discursos, sus propuestas y sus compromisos para solucionar esta crisis. Lo que realmente interesaba y ponía nerviosos a los periodistas y a los llamados ‘politólogos’ (nunca he sabido muy bien, por cierto, a qué responde ese término) era cómo iba a reaccionar el Partido Popular, y por tanto qué iba a votar. Y dicho sea de paso, me temo que todo este juego de salón importaba poco o nada a los ciudadanos, más preocupados por problemas más perentorios de su vida cotidiana.

En realidad, el ejemplo señalado no es sino una evidencia más de la forma de actuar de los partidos políticos y los integrantes de las numerosas instituciones de gobierno que pueblan nuestro país (y de otros, por supuesto). Forma de actuar que se asemeja mucho a la citada ‘teoría de juegos’, lo cual podría ser perfectamente justificable en épocas de normalidad, pero no tanto ahora con la pesadilla y la grave crisis que se cierne sobre la población. 

Son muchos los escenarios donde estamos observando ese tipo de comportamientos. Desde la pugna entre el Gobierno central y algunas comunidades, según el color político de que se trate, hasta el toma y daca con la renovación del CGPJ (anuncio de una iniciativa para medir como reacciona el contrario...), pasando por los tanteos entre los propios socios de gobierno.

Y todos estos juegos de poder, ante el asombro de los ciudadanos en unos casos y la absoluta indiferencia de otros, preocupados todos por la pesadilla que se está viviendo y el negro futuro que les espera, bien sea por su salud, por el cierre de sus negocios o por la pérdida de sus puestos de trabajo. Asombro que alcanzó cotas inimaginables cuando aún se llegó a discutir si se aprobaba una subida salarial a los señores parlamentarios para el próximo año.

En circunstancias como estas parece más razonable dejar a un lado las estrategias de la teoría de juegos y centrarse en todo aquello que busque soluciones directas a los problemas que están encima de la mesa y a los que, con toda seguridad, van a sobrevenir en el futuro. Se trata, en definitiva, de analizar las preferencias de los ciudadanos y de establecer en consecuencia las fórmulas para atender esas preferencias. Y una buena manera de enfocar esa cuestión es tomar como referencia lo que haría cualquier empresa, medianamente bien organizada, cuando se le viene encima una crisis imprevista. ¿Cómo actuaría la empresa?

En primer lugar, adoptaría medidas a corto plazo para ‘taponar’ los primeros destrozos de la crisis. Preservaría la integridad física y psicológica de los trabajadores, eliminaría gastos innecesarios, haría más flexibles los procedimientos de trabajo, aseguraría la liquidez de la empresa, analizaría la situación crediticia, adaptaría la oferta a las nuevas necesidades de la clientela, etcétera, etcétera.

Y en segundo lugar, analizaría a fondo los escenarios a medio y largo plazo. Entre ellos, la reducción necesaria de costes y gastos, la previsión probable de ingresos, la eficiencia de las inversiones a realizar, el volumen de deuda que se estima razonable (y que no hipoteque el futuro de la empresa). Por supuesto, todo ello con una adecuada selección de los directivos y asesores mejor cualificados para la gestión.

Espero y deseo que nuestro país introduzca algún criterio ‘tecnocrático’ y actúe bajo las teorías del sentido y bien común (aunque esas no sean merecedoras nunca de un premio Nobel), sin perder de vista que, mientras tanto, la Unión Europea -con toda razón- nos está mirando con lupa, y preguntándose a qué estamos jugando.

Francisco Bono Ríos es economista