¿Tengo que creer al presidente?

No hay que ser economista para identificar los sectores que más han sufrido el desplome de nuestra maltrecha economía. Por un lado, el turismo, con el enorme agujero que la falta de visitantes extranjeros ha hecho a la hostelería, restaurantes, bares, cafeterías, espectáculos, locales de ocio, comercio y servicios de transporte; por otro lado, el ramo de la construcción, el del ‘ladrillo’, con la congelación de obras, proyectos e inversiones y la caída de ventas de pisos e hipotecas. Todo ello, amalgamado en una tormenta perfecta, ha propiciado multitud de situaciones familiares y personales insostenibles por la falta de ingresos o de recursos propios, que han desembocado en ceses de negocio o en el limbo de los ERTE, cuando no directamente en la pérdida del empleo (muy probablemente irrecuperable a corto plazo), generando así un alarmante escenario socioeconómico para muchos españoles, ahora socialmente desasistidos y abocados a las colas del hambre. No son los únicos sectores afectados, hay muchos otros, pero sí los más seriamente perjudicados. El turismo y el ladrillo; nuestro maná y nuestra perdición.

La triste realidad es que estamos más expuestos a las crisis y a los vaivenes económicos que otros países de la UE; consecuencia, sin duda, de nuestra viciada estructura económica. En palabras más llanas: porque no es lo mismo vender o alquilar un pisito o una habitación de hotel, servir una hamburguesa o un café, o producir un nabo, que fabricar un chip, diseñar un sistema robotizado o un complejo de inteligencia artificial, sintetizar un fármaco, desarrollar un complicado algoritmo matemático o resolver una ecuación. No, no es lo mismo; el españolito no es muy propenso a estas tareas, porque, además de una gran capacidad intelectual, requieren una específica y dura preparación, un gran esfuerzo mental y muchos años de trabajo, condiciones que a muchos desalientan e incluso aterrorizan. Lo he dicho otras veces: la raíz de la perenne debilidad de nuestro modelo productivo no es otra que la falta de inversión en la industria de la ciencia y la tecnología. Es cuestión de más cabezas y menos brazos.

Ante este déficit de nuestra economía, el actual Gobierno de la nación proclama estar dispuesto a encarar el problema apoyando proyectos de digitalización y transición ecológica, destinando para ello una parte sustancial de los cacareados 140.000 millones de euros de la UE. Según la propaganda oficial, la modernización de la economía española pronto echará a andar y se centrará en políticas varias, entre otras: infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética, digitalización, ciencia e innovación, educación. Sí, han leído bien, el Gobierno central dice que invertirá en educación y en investigación, financiando proyectos de interés estratégico y promoviendo el desarrollo tecnológico con especial atención a las propuestas innovadoras. ¿Será cierto?

De sobra sabemos que cuando la situación apura, los capítulos en los que nuestros gobernantes suelen meter su mano con ahínco son la sanidad y la educación públicas, los fondos para I+D y las Fuerzas Armadas. Nunca se les ocurre a nuestros gobernantes disminuir el gasto público en otros sectores, empezando por reducir o eliminar escaños, asesores, consejeros, oficinas, observatorios, institutos, subvenciones, sinecuras, prebendas, canonjías, coches oficiales, sueldos de difícil justificación, viajes, burocracia, etc. La tijera siempre la usan contra los demás, jamás contra ellos mismos, que para eso ostentan mando en plaza y tienen que aprovechar la ocasión ante la incertidumbre de cuánto tiempo les va a durar el chollo.

Según el Ministerio de Hacienda, los números rojos ascenderán este año al 11,3% del PIB, un punto por encima de la cifra comunicada a la Comisión Europea en abril. No obstante, para 2021, la previsión de déficit es que disminuya hasta el 7,7% del PIB. ¿De verdad? En todo caso es un dato malo porque seguiremos arrastrando una abultada deuda como país y ello limitará bastante cualquier acción en pro de la ‘reforma histórica’ pomposamente anunciada por el presidente del Gobierno.

A esto se suma el reciente y preocupante acuerdo del Consejo Europeo, de fecha 21 de julio, de recortar fondos destinados a educación superior, investigación e innovación (¡cómo no!); una decisión muy criticada por los rectores de las universidades europeas en una declaración conjunta realizada el pasado mes de agosto. Llevar dicho acuerdo adelante supondrá una importante reducción del presupuesto comunitario para sufragar proyectos de investigación científica y planes de movilidad y cooperación entre instituciones europeas. Con estos antecedentes y conocido el exquisito celo que el vano jefe del Ejecutivo pone en decir siempre la verdad, ¿tengo que creer al presidente?