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Opinión

la firma

A vueltas con el CGPJ

Por
  • Carlos Martínez de Aguirre
OPINIÓNACTUALIZADA 19/10/2020 A LAS 01:00
Sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid
Sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid
Efe

Decía el desaparecido juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Antonin Scalia que la clave de la democracia y del sistema de libertades en su país no estaba en la declaración de derechos ("cualquier dictadura tiene una mejor que la nuestra", solía decir), sino en el complejo sistema de equilibrios y contrapesos entre los poderes del Estado diseñado por la Constitución americana. Reconocía también que ese sistema en ocasiones podía ser engorroso y conducir a situaciones de bloqueo más o menos prolongadas: baste recordar esos llamativos cierres de la Administración americana cuando el ejecutivo (Presidente) y el legislativo (Congreso) no son capaces de ponerse de acuerdo para aprobar unos presupuestos. Pero llegaba a la conclusión de que ese precio es bajo cuando de lo que se trata es de defender la democracia.

Me ha venido esto a la cabeza al contemplar el debate sobre los cambios propuestos por el PSOE y Unidas Podemos (por el Gobierno) en relación con la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la práctica, las relaciones entre los poderes del Estado se caracterizan actualmente por un marcado desequilibrio, en favor del ejecutivo (Gobierno): quien o quienes mandan en el partido o partidos que gobiernan mandan en el Gobierno, pero también en el Congreso de los Diputados. El ‘jefe’ del partido es quien ha elegido normalmente a los candidatos, todos de su cuerda, y los elegidos son conscientes de que deben su elección al ‘jefe’: esto hace muy difícil un control real del Ejecutivo por el Legislativo, incluso cuando el Congreso está tan fragmentado como lo está hoy.

La propuesta del PSOE y Unidas Podemos respecto a la elección del Consejo General del Poder Judicial debilita aún más la separación de poderes.

Ahora, mediante esta proposición de ley (una vía que permite eludir los informes que podrían poner de manifiesto el lado oscuro de la propuesta), se quiere ampliar ese control político al gobierno de los jueces, al eliminar la exigencia de que la elección de los miembros del CGPJ obtenga un respaldo de tres quintos del Congreso: tal exigencia hace que sean necesarios acuerdos amplios entre las fuerzas políticas, y puede llevar a engorrosos bloqueos como el que vivimos (cosa que a Scalia no le asustaría mucho…). La proposición de ley pone así en grave riesgo una separación de poderes que ya está debilitada.

Todo esto encuentra su explicación en que es ese Consejo General del Poder Judicial el que elige, con un notable grado de discrecionalidad, puestos claves en la Judicatura: por ejemplo, presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Quienes ocupen dichos puestos van a ser quienes juzguen más tarde sobre asuntos que afectan directamente a los partidos políticos, en el Gobierno o en la oposición y, claro, es mejor ser tú quien elija a quienes te van a juzgar…

Este interés de los políticos desaparecería si la discrecionalidad en esos nombramientos no existiera, o fuera muy limitada: por ejemplo, si la designación para tales puestos se hiciera de acuerdo con el escalafón, es decir, la antigüedad en el cuerpo de Jueces y Magistrados, recurriendo complementariamente a otros criterios fácilmente comprobables, como la especialización en una determinada jurisdicción (civil, penal, social…), concretada en años de ejercicio en dicha jurisdicción.

Soy consciente de que este no es el mejor método de selección, al menos sobre el papel, pero creo también que en la actual situación de la política española, y de nuestra vida social y jurídica, podría contribuir a pacificar esa misma vida social y jurídica, y constituiría una fuerte garantía para la independencia real de los jueces, sobre todo en los niveles más altos de la Judicatura: nadie debería un favor a nadie, ni parecería deberlo; nadie tendría que preocuparse por (u ocuparse de) caer bien a nadie para ser promocionado. Esos puestos clave serían ocupados por los magistrados a los que les correspondiera, de acuerdo con el escalafón y la especialización, lo que introduce además un componente suplementario de independencia y de transparencia.

Eliminar la discrecionalidad en el nombramiento de los altos cargos de la Judicatura ayudaría a despolitizar la Justicia.

Naturalmente, esto exigiría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que en el panorama político actual puede parecer misión imposible, pero podría hacerse si todos se dan cuenta de que esta reforma no beneficia ni perjudica a nadie (salvo a quienes les gustaría que el Poder Judicial fuera controlado por el Ejecutivo, o por los partidos): ningún partido político saldría ganando o perdiendo, a priori. Y probablemente serviría para evitar los bloqueos recurrentes cada vez que hay que volver a elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque ese Consejo ya no tendría un valor político tan intenso. Los que sí ganarían son la independencia judicial y el equilibrio real de poderes en nuestro Estado, tan necesario para la supervivencia de un verdadero sistema de libertades.

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