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Opinión

la rotonda

La renovación del CGPJ

Por
  • José Tudela Aranda
OPINIÓNACTUALIZADA 17/10/2020 A LAS 01:00
Sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid
Sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid
Efe

Vuelve a ser motivo de polémica la renovación de un órgano constitucional, en concreto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si bien la polémica y el incumplimiento de plazos han sido casi reglas generales en anteriores procesos, en esta ocasión la controversia ha subido de tono. Han pasado más de dos años desde que se debiera haber producido la renovación y no se ha realizado. El Partido Popular ha anunciado que no tiene intención de negociarla. Frente a ello, el Gobierno quiere evitar el bloqueo modificando la legislación mediante la presentación de una proposición de ley en el Congreso por los correspondientes Grupos Parlamentarios. El objetivo, limitar las funciones del Consejo en el caso de no renovación en el tiempo previsto y, sobre todo, alterar la mayoría cualificada de tres quintos exigida hasta ahora para la elección de todos los miembros. En medio de la polémica, el actual CGPJ procedió a realizar seis importantes nombramientos para el Tribunal Supremo. Lo hizo con un raro y extraordinario consenso, 19 votos de 21, nombrando a cuatro magistrados considerados progresistas y a dos conservadores. Un acuerdo que contrarió al Gobierno. Con estos datos, es posible realizar un somero análisis de una polémica que trasciende la ya de por sí importante composición del CGPJ.

Se puede afirmar que de los tres actores en juego, solo el Consejo ha actuado correctamente. Su respuesta frente a la parálisis de los partidos cabe calificarse de adecuada. Los nombramientos en el Supremo no podían postergarse. Para evitar cualquier sombra de legitimidad, se buscó la práctica unanimidad sobre el mérito de los elegidos. Incluso se tuvo cuidado en que no hubiese sospecha de que por sus presuntas simpatías ideológicas se trataba de asegurar el último movimiento de un Consejo ‘conservador’. Los integrantes del Consejo cumplieron con las funciones que la Constitución les atribuye y lo hicieron de acuerdo a su espíritu. Con consenso reflejado en una amplísima mayoría.

Este juicio positivo no puede extenderse a los otros dos actores, Gobierno y Partido Popular. El Gobierno tiene razón en reivindicar la necesaria renovación del Consejo. No puede aceptarse la mera negativa a la renovación. No se trata de una opción. Es una obligación constitucional y así debe asumirlo el PP. No hacerlo es una grave irresponsabilidad. Pero si el Gobierno tiene razón en la necesidad de renovar el Consejo, lo que no resulta asumible es la vía elegida para esquivar la negativa a negociar. Alterar la mayoría de elección de sus miembros por una reforma de la legislación ordinaria es presumiblemente inconstitucional. Pero, además, no resuelve el problema de fondo. Más bien, refleja los verdaderos y más graves problemas que se esconden desde hace años detrás de la formación del CGPJ y del Tribunal Constitucional. En cada renovación, se repite la historia. No se trata de elegir a los más cualificados. No importa el mejor funcionamiento del Consejo. Se trata de elegir a aquellos que me aseguren fidelidad si no obediencia. En este punto, no hay discrepancia política. Hay acuerdo total.

La reforma que plantea el Gobierno suscita serias dudas jurídicas que se incrementan al haber elegido el instrumento de la proposición de ley para llevarla a cabo. Así se eliminan garantías esenciales. En todo caso, lo relevante es que se trata de una alteración de las reglas de juego que afecta radicalmente a la posición institucional del gobierno de los jueces. Por ello mismo, es un serio quebranto del espíritu constitucional e, incluso, un debilitamiento objetivo del Estado de derecho. También la negativa por la negativa, el enroque en la situación actual, es perversa. Unos y otros contribuyen a erosionar un pilar esencial del Estado. No es mucho pedirles que respeten la letra y el espíritu de la Constitución y busquen el acuerdo sobre profesionales de prestigio que, con independencia de sus posibles simpatías ideológicas, nos aseguren el rigor y la profesionalidad que se necesitan en la cúpula judicial. Si no se hace así, si se persiste en las conductas anunciadas, España se acercará un poco más a ese Estado fallido que se comienza a denunciar fuera de nuestras fronteras. Si no quieren dar la razón a tan pésimos augurios, por favor, reaccionen.

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