Oportunidad de transformación

La Unión Europea, como respuesta a la pandemia, ha impulsado un ambicioso programa de ayudas que pretende servir de protección y relanzamiento de la actividad productiva. Se adopta una doble respuesta: la primera es el Next Generation EU, un nuevo instrumento dotado con 750.000 millones de euros, que destinará al presupuesto de la UE financiación adicional; la segunda, un presupuesto europeo a largo plazo reforzado. Los fondos europeos se destinarán a aquellos ámbitos en los que puedan incidir más positivamente, complementando y amplificando el trabajo en los Estados miembros. La necesidad de reactivar el sistema económico (tanto estatal como autonómico, que deberían alinearse en su estrategia de futuro) debe ser una oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo productivo más sostenible y más ‘inteligente’. Corresponde a los poderes públicos liderar la nueva ‘cultura verde’ y ‘digitalizada’ que permita, desde la planificación, un escenario económico y social respetuoso con el medio ambiente que haga de la tecnología un referente en la gestión pública y privada como elemento de consolidación de derechos y de la equidad. El objetivo de la reconstrucción, sin olvidar la necesidad de reformas estructurales, obliga a una actitud (y aptitud) proactiva, para aportar la mejor solución jurídica a las necesidades de la ciudadanía, lo que puede aconsejar que se dicte una normativa ‘ad hoc’, más flexible y simplificada, para contratar los distintos proyectos vinculados a los pilares del Next Generation (lo que puede servir de ‘sandbox’ o zona de pruebas para validar su viabilidad para una aplicación general).

Pero no me parece adecuado que mediante real decreto ley se revise toda la estructura regulatoria de la gestión administrativa, pues aunque hubiera sobrerregulación (lo que es cierto en algunos casos) los cuellos de botella para la gestión de los fondos europeos aconsejan una solución singular (y prudente y meditada), a ser posible consensuada entre Estado y Comunidades Autónomas, pues en estas va descansar gran parte de la gestión de las inversiones, donde, en todo caso, habrá que respetar las exigencias y principios de transparencia, seguridad y buena administración. Obviamente la experiencia de los conocidos Planes E, aprobados con motivo de la última crisis económica, debe ser tenida en cuenta para no cometer los mismos errores (advertidos por el Tribunal de Cuentas, cuyas observaciones mantienen plena actualidad).

La gestión de las ayudas europeas en esta estrategia de ‘reconstrucción’ aconseja sobre todo la mayor y mejor cooperación administrativa para desarrollar economías de escala organizativas (a nivel interestatal) y una apuesta por la mejor capacitación de los gestores encargados de impulsar y vigilar los proyectos que se adjudiquen (donde debe existir una lógica de colaboración más allá de la concreta Administración Pública a la que el personal esté adscrito). Y, por supuesto, una activa colaboración público-privada para desarrollar o mejorar infraestructuras o servicios de tecnología innovadora en el ámbito sanitario, lo que ha de permitir movilizar inversiones de largo recorrido y, en consecuencia, consolidación de empleo y mantenimiento económico de las actividades empresariales vinculadas. El contexto actual es especialmente idóneo para impulsar una política a gran escala que mueva al sector privado, alineándolo con las políticas verdes y digitales que lidera la Unión Europea. Y el horizonte de seis años propuesto por Europa parece el más razonable (y viable).

Los pilares del Next Generation son una oportunidad para relanzar un nuevo modelo de servicios públicos inteligentes y ‘circulares’, que integren lo social, ambiental, digital y la equidad como señas de identidad del modelo económico. Por supuesto, en ese contexto, urge facilitar tanto la adquisición de innovación como la dinamización de la actividad empresarial, ayudando al tejido pyme a afrontar la crisis con la vocación de mantener y crear empleo. Las Administraciones públicas, al gestionar estos fondos europeos, tienen que actuar con inteligencia decisional pensando también a pequeña escala (hay que recordar que Francia acaba de crear un fondo para invertir en pymes nacionales y promover el patriotismo económico).

Proteger el empleo, dotar de liquidez financiera a las empresas, obtener nuevas soluciones innovadoras o acompasar las exigencias tributarias a la realidad dinámica de esta crisis (junto con la ejemplaridad pública) son elementos imprescindibles. Aunar seguridad jurídica, transparencia, buen gobierno y movilización eficaz y eficiente de las inversiones enlazadas a las ayudas europeas es otro gran reto.