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Opinión

la rotonda

Los Presupuestos, una obligación constitucional

OPINIÓNACTUALIZADA 13/10/2020 A LAS 01:00
Ejemplar de la Constitución Española de 1978 guardado en el Congreso de los Diputados.
Ejemplar de la Constitución Española de 1978 guardado en el Congreso de los Diputados.
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Dentro del título VII, dedicado a los asuntos de economía y hacienda, la Constitución española es contundente, inequívoca e inapelable cuando en su artículo 134 determina que "el Gobierno ‘deberá’ presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior"; es decir, que la Carta Magna impone una clarísima obligación al Gobierno ("deberá…") para que asuma, como una de las tareas prioritarias de su gestión, la elaboración y presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que, dada la naturaleza anual de los mismos, debe coincidir con el 30 de septiembre de cada año, ya que el presupuesto en vigor, cualquiera que sea el momento en que haya sido aprobado tiene fecha de expiración el 1 de enero de cada año.

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado antes del 30 de septiembre de cada año es una obligación constitucional inapelable.

Creo que en algún momento de estos cuarenta años de historial presupuestario todos los gobiernos han incurrido en algún incumplimiento del mandato constitucional, deshonrando así ese compromiso o, mejor, desobedeciendo ese tajante mandato, demostrando así bien una penosa incompetencia para organizar las cuentas de la nación bien una lamentable incapacidad para hacerse con la herramienta básica de la gestión del país. Y un país sin presupuestos, o arrastrando indefinidamente un presupuesto caducado, es un país sin norte ni control, sin una norma para seguir su economía, sin mensajes consistentes a los agentes económicos y sociales. Un gobierno debería tener a gala ser capaz de conocer y ordenar sus datos básicos, determinar su rumbo y plasmarlo puntualmente en su presupuesto.

No hacerlo así rezuma incapacidad e inconsistencia, conduce al caos y supone un descrédito para tan inútiles gobernantes. Y es, sobre todo, una falta de respeto a la Constitución. Y por ahí se empieza el deterioro de un sistema; se incumple impunemente un mandato y como es natural se van incumpliendo los demás. Peligroso camino.

Por eso es tan importante cumplir el mandato presupuestario; su cumplimiento riguroso es una muestra del empeño del ejecutivo en tomar las riendas de una gestión organizada y planificada. Todo lo demás, todo lo que esté fuera del presupuesto, es ruido, improvisación o mera propaganda.

Y, además, un paso necesario para una gestión seria y rigurosa de la economía del país.

No es fácil cohonestar las previsiones presupuestarias con los compromisos europeos, máxime si no coinciden las filosofías de partida y el propio gobierno nacional se encuentra dividido en su visión de los objetivos a alcanzar. El riesgo es perder las oportunidades de una ayuda más que necesaria que nos ha de venir de Europa, pero que bien podría quedar frustrada si nos empeñamos en veleidades y peleas de salón o delirantes planes que no tienen su encaje en el cuaderno de los presupuestos.

Son momentos de exigir seriedad, rigor y transparencia a nuestros gobernantes y de recordarles que la Constitución sigue vigente y que son ellos los primeros llamados a cumplirla y a hacerla cumplir.

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