Bildu

Para Idoia Mendía, el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España es un hito histórico. Idoia Mendía es Secretaria General del PSOE de Euskadi y Vicepresidenta Segunda del Gobierno Vasco. Es decir, sus opiniones son relevantes por si mismas. Pero sus declaraciones van más allá y se insertan con claridad en lo que unos pueden denominar normalización de relaciones con el Partido heredero de Herri Batasuna y otros blanqueo de una formación que en ningún momento ha renegado de su pasado y condenado las acciones de sus directos predecesores. En ese iter pueden citarse hechos como el apoyo de Bildu a la investidura de Sánchez o a la de María Chivite con, en este caso, posteriores compromisos de gobierno; el acuerdo suscrito en el Congreso para la derogación de la reforma laboral; o, por no alargar innecesariamente esta relación, la inclusión natural de Bildu en la negociación el presupuesto, ya que forma parte “de la mayoría natural en la que se apoya el Gobierno”. Al respecto, resultó cuando menos paradójico que el mismo día en que el Gobierno anunció la aprobación del proyecto de ley de Memoria Democrática, el Vicepresidente Iglesias se entrevistase con responsables de Bildu de cara a obtener su apoyo al presupuesto. Así, parece que para el Gobierno de España Bildu es un interlocutor político más. Bien, no lo es y resulta preciso recordarlo.

En tiempos de evocación de la memoria en relación con nuestro pasado democrático, bueno será evocar también la más reciente. Bildu es un partido político heredero de Herri Batasuna, por tanto de ETA (Batasuna fue disuelta al considerarse probado que formaba parte de la estructura de ETA). Como tal, obtuvo aval a su legalización en una controvertida Sentencia del Tribunal Constitucional, adoptada por seis votos a cinco, que revocó una decisión anterior del Tribunal Supremo. Más importante, Bildu es la formación política que se reconoce heredera de lo que ETA y todo su entorno supuso y aún supone en la vida política. Como organización, en ningún caso ha rechazado su pasado sino que, más bien, muestra orgullo por el mismo, como refleja el apoyo que presta de forma regular a los protagonistas de ese pasado. Hasta ahora, no ha sido posible escuchar ni leer una declaración en la que condene con la energía necesaria la violencia como instrumento para la imposición de sus ideas; en la que se asuma el daño realizado; y se rechace de forma categórica cualquier relación con lo que fue ETA. No lo han hecho porque mientras sean lo que hoy todavía son, no pueden hacerlo. Aún hoy siguen considerando activo su vínculo ideológico con lo que ETA fue y se sienten cómplices de su historia, aunque alguno, en voz baja, pueda reconocer que se cometieron “excesos”.

Sí, en tiempos de reivindicación de la memoria no cabe poner arbitrarias fronteras. Durante cuarenta años, la democracia española estuvo duramente golpeada por la existencia de ETA y su mundo cómplice. Su objetivo declarado fue desestabilizar la naciente democracia española para propiciar un golpe de estado que facilitase su objetivo de construir una Albania revolucionaria. Para ello, utilizaron todo tipo de estrategias. Desde el asesinato preferente de miembros de las Fuerzas de Seguridad y militares al de políticos pasando por el terror difuso. La democracia resistió y, con los instrumentos del Estado de derecho, derrotó a la banda terrorista. Pero el precio fue muy elevado. Por supuesto, por las vidas que cercenó y las biografías que alteró con radicalidad. Pero también en términos políticos. La necesaria normalidad de un sistema democrático se vio alterada de forma extrema en País Vasco y Navarra. Las reglas de juego eran radicalmente distintas para unos y para otros. Un partido político, UCD, llegó a desaparecer del País Vasco por eI aniquilamiento físico de sus militantes. Inútil decir que las consecuencias llegan hasta hoy.

Todo ello es evidente. Y lo era para el actual Presidente del Gobierno que reiteró que nunca pactaría con Bildu. Hoy, es claro que su percepción ha cambiado. Pero Bildu no lo ha hecho. Representa lo mismo que representaba. Ver normalizada su presencia como interlocutor de las más altas instancias del Estado no es un hecho histórico. Es una profunda perversión moral y política.