El Tribunal Supremo ha confirmado la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, por negarse a retirar una pancarta a favor de los presos del ‘procés’ como le ordenó la Junta Electoral Central para garantizar la neutralidad de los edificios públicos. La lectura social de esta sentencia es que en España, como en cualquier otro Estado de derecho, a quienes han conculcado la ley les toca responder de sus actos ante la Justicia. La lectura política se puede resumir en que los actos de desobediencia de los líderes independentistas han sido gestos estériles que han acabado por erosionar profundamente las instituciones autonómicas catalanas.

La pedagógica sentencia declara que Torra desobedeció de forma «contumaz y obstinada» a la Junta Electoral y precisa que es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero no de desobedecer al órgano encargado de la limpieza de los procesos electorales. El fallo supone que el condenado logra el triste récord de protagonizar la primera inhabilitación de un presidente catalán en el ejercicio del cargo. Y lo es, además, por no cumplir la ley, que es el principal instrumento de defensa que tenemos todos los ciudadanos ante las arbitrariedades.

Durante su polémico paso por la Generalitat, Torra ha actuado antes como un agitador al servicio del huido Puigdemont que como un gobernante. Su inhabilitación abre ahora un escenario político cargado de incertidumbre por sus imprevisibles movimientos y por la división de las fuerzas independentistas, que acusan una evidente desorientación estratégica. Cataluña, más desnortada que nunca desde la recuperación de la democracia en España, necesita la celebración cuanto antes de unas elecciones que le permita superar la situación de bloqueo provocada por los secesionistas y centrarse en la lucha contra la pandemia y la reactivación económica.