La crisis económica de 2008, que se prolongó durante varios años, arrasó con gran parte de nuestro tejido empresarial y dio la razón a quienes habían insistido en advertir de la existencia de una burbuja inmobiliaria cuyo pinchazo nos estallaría en la cara, como así fue. La desaforada actividad de la construcción, que venía de maravilla a un buen número de sectores, se frenó en seco, lo que dio lugar a consecuencias nefastas bien conocidas por todos. Para salir de ella, quedó claro que solo las empresas que exportaban o las que se habían preparado para las vacas flacas con anterioridad invirtiendo en innovación saldrían adelante en medio de un panorama de alguna manera desolador.

El desplome de la demanda interna fue sustituido en aquellos años por numerosas empresas vendiendo productos y servicios fuera de España. Muchas de las que no se habían abierto a otros mercados hasta ese momento lo hicieron desde entonces, lo que permitió a su vez mejorar la competitividad de nuestro país. En el caso de las políticas en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), las firmas que no hubiesen invertido antes llegaban tarde, ya que en este capítulo los beneficios no se producen nunca de manera inmediata.

Una década después, volvemos a sufrir una crisis de gran envergadura como consecuencia de la expansión del coronavirus. Las circunstancias son muy distintas, entre otras cosas porque la crisis sanitaria está afectando a todo el mundo y las repercusiones entre los sectores es diversa. Las empresas más perjudicadas son aquellas donde la interacción social y el contacto personal son necesarios para el consumo de sus bienes o sus servicios, bien por medidas de salud pública, bien por el miedo de la gente a posibles contagios.

En el actual escenario, la I+D+i y el sector exterior vuelven a ser decisivos para muchísimas compañías. Para las que apuestan por la innovación, a los beneficios que esa política genera siempre se une ahora la decisión particular de la Unión Europea de sacar adelante un «histórico» paquete de ‘reconstrucción’ tras la crisis de la covid-19 que permitirá derramar 750.000 millones de euros en total, de los que 140.000 millones llegarán a España. Porque una parte importante de ese paquete irá a proyectos que deberán demostrar su valor innovador, sin olvidar el espaldarazo adicional que se quiere dar al impulso de actividades incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Empresas con compromisos de descarbonización y proyectos que avalen ese empeño con acciones más amigables con el medio ambiente saldrán beneficiadas. Quienes estén inmersos en la economía del hidrógeno, y de eso sabemos bastante en Aragón, estarían en la apuesta del caballo ganador, por citar un ejemplo claro. Tampoco irían mal encaminados, al menos a priori, proyectos como los presentados el pasado martes en Zaragoza por Novapet (del grupo Samca), Saica, Térvalis e Iberebro.

En cuanto a las exportaciones, no hay que olvidar que la internacionalización es un valor, a pesar de que la globalización puede sufrir retrocesos durante una temporada por decisiones proteccionistas -a veces justificadas- de países o regiones que quieren proteger más que nunca sus territorios para hacer frente a las escandalosas caídas de su produto interior brutos (PIB). Vender fuera puede garantizar la viabilidad de muchas empresas si, como empieza a comprobarse ahora, la economía española acaba sufriendo más que otras porque aquí se ha gestionado la pandemia peor que en otros lugares. Aragón, que exporta porcentualmente más que la media y depende menos del turismo, saldría entonces mejor parada que otras regiones.