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No es admisible

Un momento del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona.
Un momento del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona.
Europa Press

El Gobierno, al vetar la presencia de don Felipe en Barcelona para presidir la entrega de despachos a los nuevos jueces, cometió un grave error, que menosprecia tanto a la Corona como al poder judicial. Y las manifestaciones de Pablo Iglesias y Alberto Garzón en contra del Rey aún agravan, de manera absolutamente irresponsable, el deterioro institucional que ha provocado. El presidente Sánchez y la parte socialista del Ejecutivo tienen que reaccionar.

Está fuera de razón que un vicepresidente del Gobierno, como Iglesias, o un ministro, como Garzón, ataquen al Jefe del Estado. Las declaraciones de ambos, ayer, tras el incomprensible veto gubernamental a la presencia del Rey en Barcelona, agravan aún más el deterioro institucional que el Gabinete de Sánchez ha provocado. Es inaceptable que desde el propio Gobierno se busque el desgaste de las instituciones y se zarandee de esa manera la estabilidad del país. La queja del presidente del Consejo General del Poder Judicial por la ausencia de don Felipe era comprensible y justificada. Y mostraba que la decisión del Gobierno impidiendo la presencia del Monarca -que llamó a Carlos Lesmes para felicitar a la promoción de nuevos jueces y dijo simplemente que le «hubiera gustado acudir» al acto- supone un menosprecio tanto a la Corona como al poder judicial, dos de los pilares del ordenamiento constitucional. El Ejecutivo les debe a los españoles una explicación urgente. Pero además, el presidente Sánchez y la parte socialista de la coalición de gobierno están en la obligación de reaccionar frente a las declaraciones de Iglesias y Garzón. No es lógico que ostenten puestos de tan alta responsabilidad personas que, cada vez con mayor desfachatez, están siguiendo una estrategia que busca desestabilizar las instituciones. El Gobierno de la nación no puede servir de instrumento a quienes buscan activamente minar la Constitución, que garantiza la democracia y la convivencia entre los españoles.

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