Degradación institucional
El Gobierno ha anunciado que va a iniciar la tramitación de los indultos de los presos del ‘procés’. Sin embargo, la mayoría de los españoles (67%) está en contra, según la encuesta que hoy publica HERALDO. Pero el Ejecutivo va más allá con sus particulares estrategias ligadas al mundo judicial, incluida su inexplicada decisión de excluir al Rey de la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, con el objetivo inmediato de lograr el apoyo de los secesionistas a los Presupuestos del Estado. La constante sumisión de Pedro Sánchez al independentismo le lleva a degradar algunas de las principales instituciones de nuestro Estado democrático y de derecho, empezando por la Corona y siguiendo por el Poder Judicial.
La Moncloa pretende allanar el camino al pacto presupuestario con el sector soberanista en Cataluña y con el proetarra en el País Vasco. Para ello, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado el comienzo de la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del ‘procés’, una medida de gracia que el propio Sánchez dijo que no se aplicaría. La tramitación no presupone la concesión del indulto, pero el momento elegido para iniciarla indica una inasumible cesión a quienes no se arrepienten de su delito, y han declarado que volverán a cometerlo. Y se suma a otras igualmente inaceptables: la reforma del delito de sedición en el Código Penal, por el que fueron condenados los líderes del ‘procés’, o la ausencia del Rey en el acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces, que se desarrollará en Barcelona. Alimenta así el Gobierno el desgaste de nuestros encajes institucionales al asumir la deslealtad de algunos protagonistas políticos, que no solo se sitúan al margen de la Constitución de todos los españoles, sino que la desafían abiertamente. Nada en política, ni unos Presupuestos (por muy necesarios que sean para reactivar al país), justifica la utilización de medios espurios.
