El derecho a la identidad
Son 5.098.473 los venezolanos que han abandonado su país de origen y son considerados migrantes, refugiados o solicitantes de asilo en los diversos países a los que se han desplazado. Esta macrocifra, ofrecida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), es el estremecedor envoltorio de muy diversas situaciones de desprotección y vulnerabilidad que sufren los venezolanos residentes en el extranjero.
Las redes sociales se han erigido recientemente en hada madrina de un colectivo de venezolanos, frustrados e indefensos frente al trato recibido por parte de su administración pública. En concreto, un número creciente de venezolanos ubicados fuera de su país de origen viene denunciando que no puede ni renovar su pasaporte ni obtener por primera vez el pasaporte de sus hijos porque el Servicio de Administración, Identificación, Migración y Extranjería venezolano (Saime) no culmina la tramitación de sus solicitudes.
‘Salva mi identidad’ (SMI) (www.savemyidentity.org) es el grito de auxilio lanzado por un nutrido grupo de exiliados venezolanos, quienes alegan que su pasaporte es el cuarto más caro del mundo (280 dólares la primera tramitación, con una validez de 5 años, y 180 dólares cada prórroga bianual) y que dichas cifras chirrían clamorosamente con la actual situación económica del país y de sus nacionales. SMI argumenta también que el pasaporte venezolano es uno de los más difíciles en obtener, llegando a demorarse su tramitación completa hasta tres años. El colectivo denuncia "irregularidades presentadas en el proceso de tramitación: corrupción exacerbada, no respuesta ante fallas técnicas repetidas, cobros no registrados, cobros realizados más de una vez, imposibilidad para acceder al sistema y para registrar menores nacidos fuera de Venezuela".
Todo ello ha derivado en que muchos nacionales venezolanos no cuenten actualmente con un documento de identificación internacional válido, lo cual afecta negativamente a derechos esenciales como el de la libre circulación a nivel transnacional. Es por ello que SMI ha hecho públicas una serie de reivindicaciones, dirigidas tanto al Gobierno venezolano (referentes a la mejora el sistema de emisión y prórroga de pasaportes y cédulas de identidad) como a la comunidad internacional de Estados (flexibilización de las normas migratorias en los países de acogida para quienes solo poseen un pasaporte venezolano caducado y concesión de un documento provisional que permita a dichos venezolanos seguir identificándose y viajar). Países como Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido han adoptado las medidas internas necesarias para admitir el uso en su territorio de pasaportes venezolanos caducados, mientras que Estados como Suiza o Alemania están concediendo documentos de viaje a solicitantes venezolanos.
En España, una instrucción del director general de Migraciones y del Comisario General de Extranjería y Fronteras, de 15 de marzo del 2019, permite que los venezolanos hagan uso de sus pasaportes caducados para tramitar procedimientos de extranjería en nuestro país. No es la primera vez que las autoridades españolas manifiestan por escrito que son conscientes de "la evolución negativa de la situación en Venezuela". Significativa en este sentido es la sentencia de 26 del junio de 2018 de la Audiencia Nacional que autorizó a una familia venezolana la residencia en España por razones humanitarias. En su erudita argumentación, no solo analiza la normativa y jurisprudencia nacional e internacional aplicables al caso, sino que también se hace eco de la actual situación de Venezuela reproduciendo informes emitidos por el Departamento de Estado estadounidense, Human Right Watch, European Asylum Support Office, Acnudhy Acnur.
En definitiva, este ‘calvario administrativo’ que miles de venezolanos están sufriendo por hallarse desprovistos de pasaportes válidos conduce a reflexionar sobre el relevante papel que desempeñan las organizaciones internacionales y ONG, otorgando visibilidad y protección a colectivos desfavorecidos. Igualmente, para quienes creemos en la bondad intrínseca del derecho, reconforta ver cómo la voluntad de las autoridades estatales permite enmendar situaciones lesivas, incluso aquellas nacidas en un contexto socio-jurídico globalizado. Asimismo, en este caso y en otros muchos, hay que celebrar que contemos con una sociedad civil transnacional lúcida e instruida, cuyo compromiso con las causas sociales constituye una lección de resiliencia.
