Despliega el menú
Opinión

la firma

Politizar la despolitización

ACTUALIZADA 13/09/2020 A LAS 01:00
Opinión
'Politizar la despolitización'.
Krisis'20

Con el mandato vencido desde diciembre de 2018, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, no ha tenido reparo alguno en calificar como una "seria anomalía" el bloqueo que para su renovación sufre el máximo órgano de gobierno de los jueces. Sus palabras, pronunciadas en la apertura del año judicial, solo reflejan una bochornosa situación que habla de la incapacidad de los dos grandes partidos para el acuerdo y que sitúa a la Justicia en el fangoso terreno de la politización y el descrédito. Nada que no sepamos y nada que no conozcan nuestros socios europeos, quienes el pasado año, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco), nos sacaban los colores al asegurar que "el talón de Aquiles de la judicatura española es su supuesta politización". El sonrojo, si es que existió, no resultó traumático para la política nacional, puesto que a fecha de hoy la renovación del CGPJ, tanto en lo relativo a los nombres como en lo referente a los posibles cambios que deberían introducirse en la mecánica de elección, continúa atascada.

La desordenada ambición de los partidos por controlar el terreno judicial, atentando directamente contra la clásica división de poderes definida por Montesquieu, es el origen de un problema que ha venido mermando la calidad democrática del país. Fue Felipe González quien en 1985 reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial dejando en manos de la representación política un proceso que supuestamente buscaba corregir el heredado perfil conservador de la judicatura. Con el cambio, la pérdida de independencia y el descubrimiento de los partidos de su capacidad de influencia se hicieron uno para moldear un reparto de cromos que se sitúa en el centro del descrédito. El CGPJ, desde el que se deciden con nombre propio puestos para responsabilidades tan elevadas como las ejercidas en el Tribunal Supremo (en la actualidad, entre otros asuntos, están pendientes de renovación tres presidentes de Sala del Alto Tribunal), responde a la oportunidad del deseo político, permitiendo que algunas de las decisiones se entremezclen con la duda o la falta de idoneidad.

La ambición de los partidos por controlar el terreno judicial es el origen de un problema que ha mermado la calidad democrática.

Son muchas las mejoras que podrían introducirse para elegir a los miembros del CGPJ, ahí está el derecho comparado, aunque la primera y más importante premisa pasa porque los partidos acepten que toda reforma debe respetar a los jueces y su independencia.Superado este primer y no menos escabroso escalón, todas las variables están abiertas, aunque nada sería tan sencillo como recuperar la filosofía del artículo 122 de la Constitución: "El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión".

Nada sería tan sencillo como recuperar la filosofía del artículo 122 de la Constitución.

Reducir y reequilibrar el peso de los partidos en el proceso no parece descabellado, aunque son muchos los expertos que advierten de que dejar en manos de los propios jueces y magistrados esta decisión no haría sino reproducir el problema. Pensar que los jueces carecen de ideología o que las asociaciones que los agrupan (no mayoritariamente) no son también ejercientes de alguna presión política sería una ingenuidad, sin reparar en los riesgos que también añade toda endogamia corporativa. La solución, dentro del deseo de sostenerse en la mayor de las independencias, exigiría reducir la actual discrecionalidad de las decisiones. Es decir, habría que buscar un mecanismo de objetivación por mérito y capacidad que valore y cribe a los candidatos. Sin un protocolo de baremación que apueste por los más aptos y solventes, al margen de ideologías, volveremos a la casilla de salida.

El cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ_no es una tarea sencilla, aunque la falta de acuerdo solo logra que se cuestione el liderazgo de aquellos que estando al frente de los partidos permiten este deterioro. Hasta que la solución no llegue convendría que los partidos dejasen de hacer política apoyados en este falso empeño por despolitizar la justicia que creen rentable. La estrategia solo contribuye a elevar el descreimiento. 

Etiquetas