El Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova) es uno de los centros tecnológicos que participarán activamente en proyectos aprobados por la Comisión Europea en el marco de la convocatoria lanzada en mayo pasado denominada Covid-19 H2020, orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan afrontar con mayores garantías la pandemia del coronavirus. La Fundación para el Desarrollo de Tecnología del Hidrógeno en Aragón lidera un proyecto europeo vinculado a redes de gas que está generando mucho interés entre grandes empresas del sector y que busca ahondar en esa descarbonización que la UE está impulsando para la era post-covid. En la misma línea, el centro tecnológico Aitiip de Zaragoza ha puesto en marcha iniciativas europeas destinadas a mejorar procesos industriales para que estos sean más amigables con el medio ambiente. BSH España ha desarrollado en su planta de Ezquíroz (Navarra), con el apoyo de la empresa aragonesa PredictLand, una herramienta que utiliza inteligencia artificial y ‘big data’ para mejorar sus procedimientos de calidad en la postventa de electrodomésticos que será exportada a otras factorías del grupo alemán en el mundo.

Los cuatro ejemplos citados ponen de manifiesto que contamos entre nosotros con entidades de primer orden tanto en el ámbito público como en el privado que proyectan un futuro entre las empresas más innovador. En Aragón hay muchos casos más, pero esa no es la tónica general en nuestra economía, ni en términos generales en la del país, aunque regiones como el País Vasco han marcado la diferencia respecto al resto. En cualquier caso, queda mucho por hacer en España para estar a la altura de otros países, dentro y fuera de Europa.

España sigue estando en el furgón de cola del listado de países de la Unión Europea que más invierten en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). La Fundación Cotec y otras organizaciones que trabajan en estos ámbitos llevan años reclamando al Gobierno central y a los de las autonomías partidas económicas más potentes para ayudar a las empresas a desembolsar mayores cantidades en este capítulo, pero la presión por atender las necesidades más perentorias de la sociedad, especialmente en momentos de crisis, ha recortado tradicionalmente ese tipo de partidas.

La pandemia del coronavirus vuelve a ponernos en un escenario de crisis económica de nuevo, pero hay algo que cambia respecto a otros momentos de dificultades. La covid-19 ha afectado a todos los países, y ante esta situación tan inédita los países de la Unión Europea han pactado un acuerdo de creación de un fondo de 750.000 millones de euros considerado «histórico», del que España recibirá la cuantiosa cifra de 140.000 millones.

El acuerdo fue histórico, según recalcó a este diario semanas atrás la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, «porque lo que hemos hecho es entender que la salida era una inversión común europea». La jefa de la diplomacia española precisó que «mutualizamos la respuesta a la crisis porque hemos entendido que esto no era una crisis como en 2008 o 2009, de que fallara un sector de nuestra economía o que hubiera una cuestión mejor o peor de una serie de países, sino que aquí el problema era sistémico y ha habido una inversión colectiva de Europa».

Al dar cuenta de este paquete económico, la Comisión Europea ha destacado que entre los objetivos de inversión está el de impulsar una economía que favorezca la transición energética y que apueste más por la digitalización. Esto significa que se dará más valor a las acciones destinadas a mejorar la actividad de nuestras empresa con el aval de la I+D+i. Eso significa que la economía postcovid que se quiere respaldar desde Europa ha de poner en valor la labor de centros tecnológicos como los que tenemos en Aragón, entre ellos los citados, y la de compañías comprometidas con este tipo de acciones como BSH España, que suele encabezar los listados de presentación de patentes en nuestro país.

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