‘Okupas’ y vivienda

Nadie en su sano juicio piensa que el problema de la vivienda se solucionará con la ‘okupación’. Lo único que genera es inseguridad en los ciudadanos y desconfianza hacia quienes gobiernan o legislan, que son incapaces de acabar con un problema muy grave. La solución al problema de la falta de vivienda, de los que no pueden hacer frente al precio del mercado, se basa en una política eficaz por parte de los gobiernos. Con ayudas para el pago de alquiler a las familias que se encuentran en la exclusión y, a la larga, la creación de parques públicos de vivienda social.

La sensibilidad hacia las consecuencias de las acciones de ‘okupas’ se ha incrementado en las últimas semanas en Zaragoza, sobre todo a raíz de lo ocurrido en Utebo, en Cadrete y en María de Huerva. En Utebo, dos jóvenes robaron en una frutería y agredieron a un residente en el bloque de pisos en el que viven ambos, que se ha convertido en un foco de conflictos. Dos bloques de doce viviendas cada uno. Tres de ellas están alquiladas legalmente y una es de un propietario que no reside allí. El resto son de un banco. En su mayoría, fueron ocupadas por un individuo que cambió las cerraduras y luego vendió las llaves a sus inquilinos por 500 euros.

Los ciudadanos legales no deben vivir en una tensión continua y las autoridades deben dar solución a los problemas generados. Además, los bancos deben cuidar las viviendas que tienen y evitar que se conviertan en una ruina. Si su intención es favorecer la accesibilidad a la vivienda que lo hagan, en común esfuerzo con los servicios sociales públicos o con las entidades de acción social, que pueden aportar experiencia y conocimiento.

En Cadrete y María de Huerva la alarma vecinal se ha producido por el crecimiento de la ocupación de casas y chalés. Los vecinos piden cambios legales que permitan actuar, sobre todo contra los ‘profesionales’ que se hacen con las viviendas. Para la solución del problema piden la intervención de las autoridades y de los órganos policiales y judiciales. También la implicación de la Sareb –es decir, los bancos propietarios en muchos casos–, de las eléctricas y de los servicios sociales.

Los vecinos legales no pueden vivir intimidados. Ellos invirtieron sus ahorros en su vivienda, un esfuerzo de toda una vida.