Mucho se habla últimamente de expertos y asesores, sobre todo a raíz de la pandemia, que indudablemente exige medidas acertadas encaminadas a solventar el problema sanitario de la mejor manera posible en el menor plazo de tiempo. Y más se hablará cuando el impacto de la pandemia que nos aqueja deje paso a un preocupante panorama socioeconómico, que deberá ser abordado con presteza, habilidad y rigor si se quiere paliar, al menos en parte, sus graves repercusiones.

Ante tan poco halagüeñas perspectivas, nada mejor que recabar el dictamen de los expertos, por ser personas con profundo conocimiento de una materia y con fundado criterio en la misma, con preparación y experiencia demostrables, y que han tenido éxito en su quehacer profesional. Pero, ¿de verdad cumplen con estas premisas los numerosos y pretendidos expertos y asesores reclutados por nuestra fauna política que transitan por los departamentos ministeriales o deambulan por los pasillos de la UE o de las embajadas?

Ostentar un cargo de confianza en la Administración, por importante que sea, aun de nivel 30, o beneficiarse de nombramientos discrecionales no le convierte a uno en experto de nada si no es el titular de mayores cualificaciones y logros; en principio es un mero gestor. Y no digamos ya si los únicos méritos del agraciado, militante o simpatizante de un partido político, son que ha cursado ‘estudios de’. Se me podrá decir que un político con mando en plaza debe ser ante todo un buen gestor; pero mejor desarrollará su trabajo si además sabe de los asuntos sobre los que ha de decidir.

No escasean los expertos nominados con la intención de pagar o procurarse favores. En el transcurso de mi actividad profesional, me he tropezado con algún que otro personaje carente por completo de idoneidad para el cargo, pues su corto currículum nada tenía que ver con las funciones que desempeñaba sin ningún empacho. Eran personas apadrinadas, colocadas a dedo en un puesto, pero sin la formación adecuada para el mismo, lo que las hacía dependientes del subalterno pícaro, adulador o chistoso de turno.

Con frecuencia se cita a los expertos (ahora la moda es que sean clandestinos) para argumentar o justificar decisiones propias; lo cual está bien cuando realmente son competentes en una determinada materia, porque uno no puede saber de todo con la pericia deseable. Aunque también es verosímil que quien así procede lo haga con la intención de tapar su total desconocimiento del tema sobre el que debe pronunciarse, cuando no su propia incapacidad para el cargo. Lo cual no es de recibo, porque si fuese responsable y sensato, al menos debería acreditar un mínimo conocimiento sobre los asuntos de su competencia.

Es loable, incluso de agradecer, que los que nos gobiernan (es un modo de hablar), a veces poco ilustrados sobre las cosas importantes, porque desde sus más tiernos años se adscribieron a una formación política y se dedicaron a medrar con plena dedicación y santa perseverancia en pos del chollo (eso sí, siempre proclamando su afán de cambiar las cosas para el bien de los demás), soliciten la opinión valiosa de quien tras muchos años de estudio acredita un buen currículum y una dilatada experiencia en un campo concreto, es decir, de un experto. Nada más prudente, cuando de tomar decisiones acertadas se trata. Pero siempre que tal asesor sea realmente alguien de reconocido prestigio avalado por su trayectoria profesional y no solo por el puesto que le cayó en una pedrea.

Por otro lado, si el alto cargo político no ha podido instruirse en otras disciplinas del saber, ora por su total servicio a la causa ora por su desapego al trabajo en favor de la adulación y la lisonja, o simplemente por su falta de entendederas, me estremezco al reparar en su inexistente criterio a la hora de seleccionar al experto y de incorporarlo a su equipo de trabajo. Estos dos requisitos, la idoneidad del político para el cargo que ostenta y la indiscutible valía del experto o asesor, no son baladíes, ya que lo deseable es que el político sea competente o, en su defecto, suficientemente inteligente y falto de ego como para buscar la opinión de alguien más preparado; y también que el experto lo sea de verdad, con especial dominio de una materia, y no un pariente, correligionario, amiguete o amante. Lamentablemente, cuando no se dan ambas circunstancias o condiciones, bien que los ciudadanos de a pie pagamos las consecuencias, además de abultadas e injustificadas nóminas. Se requiere mucha honradez para no ser títere de nadie y ejercer con solvencia y rectitud la profesión que uno ha elegido, sin abandonarse a cantos de sirena en beneficio propio.

José Badal es catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza