Al endurecer el control sobre las personas que tienen la obligación de permanecer aisladas para no propagar el virus, el Gobierno de Aragón da un paso más en el esfuerzo por contener la pandemia, que en Zaragoza sigue rampante, sin llegar al confinamiento. La imagen de unidad y cooperación ofrecida por las instituciones en la reunión que ayer preparó esta medida es positiva, pero, como reconoció el presidente Lambán, la situación es "francamente preocupante".

Con la conciencia de que el cumplimiento de las normas por parte de todos es la piedra de toque para frenar la expansión de la covid-19 sin llegar a tomar medidas que, como un nuevo confinamiento, dañarían muy seriamente la economía, la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Subdelegación del Gobierno -en una imagen de unidad que transmite un mensaje positivo- acordaron ayer realizar un control más directo y exhaustivo de las personas que, en espera del resultado de un test o habiendo dado positivo pero sin síntomas, tienen la obligación de permanecer aisladas en sus domicilios. Trabajadores sociales, voluntarios de Protección Civil, Policía Nacional y Local se coordinarán para realizar las visitas y comprobar que se cumple el aislamiento, ofreciendo en su caso la ayuda necesaria, pero con posibilidad de sancionar a los incumplidores. La mayor presión que esto implica no es agradable, pero, mientras continúan los contagios y los ingresos hospitalarios, se justifica como un paso más para intentar contener la enfermedad. El espíritu cívico es fundamental, pero también es importante que todos los ciudadanos sepan que la autoridad tiene los medios y la decisión de hacer cumplir las normas. El peligro de una medida como esta puede estar en que las personas diagnosticadas de covid se retraigan a la hora de notificar sus contactos, por miedo a causarles problemas. Para que funcione bien, es necesario mantener un delicado equilibrio de manera que no se produzca un rechazo.