Las instituciones se debilitan y hechos desconcertantes se suceden. Acontece en España, pero reflexiones semejantes se pueden hacer sobre la mayoría de los Estados, incluidos algunos que teníamos por institucionalmente fuertes. El poder es cada día más arrogante. Una sensación de cierta impunidad abre la puerta a gobiernos cada vez más osados. El poder, se sabe desde antiguo, se envalentona con facilidad. Si percibe la puerta abierta, corre para llegar allí donde sobra cualquier explicación, donde el control es mera retórica. Me temo que nos adentramos en una fase histórica propicia para esas puertas abiertas.

Es tentador poner ejemplos foráneos. La insoportable frivolidad, cercana al delito, del presidente de Brasil, que sale de la enfermedad riéndose del temor a la misma y del uso de la mascarilla. O, aún más grave, que el presidente de Estados Unidos sugiera retrasar las elecciones, ante la posibilidad de fraude, sentenciando en un tuit toda la confianza en el sistema institucional americano y llenando de sospechas las elecciones. Desgraciadamente, se pueden sumar bastantes más ejemplos. Pero es necesario mirar a nuestra casa y detenerse en hechos muy recientes y preocupantes.

Voy a mencionar cuatro protagonizados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que me interesa es subrayar la inquietante cultura política que subyace a los mismos y, aún peor, la sensación de que las excepciones se están convirtiendo en costumbre.

En primer lugar, el insólito baile de cifras. Es inadmisible que cuando todos los estudios, algunos de entidades dependientes del propio Gobierno, dan por muy superada la cifra oficial de fallecidos, esta siga sin corregirse. Tampoco es fácil de entender la incapacidad de coordinar datos con las comunidades autónomas, de manera que ni se saben las cifras reales ni se puede tener una idea objetiva de la situación. En segundo lugar, el desconcierto por lo sucedido alrededor de un comité de expertos que todavía no se sabe si existió o no. Y, en todo caso, aún no se ha explicado la razón por la que era necesario mantener el secreto sobre su composición.

En tercer lugar, y desde otra perspectiva, hay dos decisiones políticas que no pueden pasarse por alto. La primera se refiere a las concesiones realizadas al País Vasco… con la única contrapartida de asegurar la presencia del lendakari en una reunión que no ha tenido reparos en despreciar. Si grave es el hecho en sí, aún lo es más la opacidad que rodea este tipo de negociaciones. ¿Qué obtuvo Urkullu a cambio de desplazarse a La Rioja?

Finalmente, un hecho fundamental y que exigirá ulteriores reflexiones. Me refiero al informal anuncio de que las ayudas provenientes de la Unión Europea serán gestionadas directamente desde la Presidencia del Gobierno, con la impagable ayuda del Gabinete del Presidente. La gestión y destino de esos fondos, nadie lo duda, determinará el futuro de este país. Centralizar su gestión en el presidente y en el gabinete, obviando, incluso, a las comunidades autónomas es grave. Pero lo es más el cómo se ha adoptado y anunciado esa decisión.

Se podrían mencionar otros hechos, pero los citados son particularmente relevantes. Es inevitable tener la sensación de que, al igual que sucede en otros países, en España el poder se siente cada vez más fuerte y menos limitado. Las instituciones se debilitan, los procedimientos se flexibilizan cuando no directamente se olvidan, y las formas irrenunciables duermen en el olvido. No se explican las decisiones porque parece que el hecho de ser adoptadas por quien gobierna es suficiente explicación. Como si hubiese una legitimación carismática que lo impregnase todo.

Los próximos meses, quizá años, van a ser particularmente difíciles para este país. Hay concurrencia de tormentas. En tiempos de tempestades, es más que nunca preciso asegurar el rigor en la adopción de decisiones, el adecuado funcionamiento de las instituciones y el respeto escrupuloso del Estado de derecho en su dimensión más amplia. Los hechos muestran una tendencia que, por constante, empieza a ser más que preocupante. Es preciso reconducir la situación. Lo necesitamos como Estado y como ciudadanos.

José Tudela Aranda profesor de Derecho constitucional