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Opinión

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La Conferencia de Presidentes

Por
  • Heraldo de Aragón
ACTUALIZADA 01/08/2020 A LAS 02:00
Un momento de la Conferencia de Presidentes Autonómicos reunida en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.
Un momento de la Conferencia de Presidentes Autonómicos reunida en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.
E. P.

Con la ausencia de Torra y la presencia de Urkullu conseguida por Sánchez solo mediante concesiones de última hora al País Vasco, la Conferencia de Presidentes Autonómicos comenzó ayer a abordar la compleja cuestión de cómo se distribuirán las ayudas europeas, en el contexto de una financiación territorial que es necesario ampliar para hacer frente a la crisis del coronavirus. Aragón debe defender una postura que le permita disponer del dinero que precisa.

La Conferencia, en su versión telemática, tuvo un papel central en la gestión de la pandemia durante el estado de alarma, cuando se reunió en catorce ocasiones. Pero ayer, la primera cita presencial desde 2017 mostró que permanecen los tics particularistas de Cataluña y el País Vasco, que se resisten a participar en las instituciones comunes del Estado autonómico. Es obvio que todas las regiones van a encontrarse con serias dificultades financieras, que exigirán, por una parte, modificaciones en el sistema de financiación autonómica, cuya reforma arrastra ya una larga demora, y por otra, como reclamó el presidente aragonés, una mayor flexibilidad en el déficit. Aragón tiene que marcar una estrategia que le permita obtener una financiación suficiente dadas sus circunstancias concretas. Y hay que tener en cuenta que el reparto del llamado fondo anti-covid de 16.000 millones se hizo en función de una incidencia de la enfermedad que ahora ha variado, lo que debería suponer una mayor parte para nuestra Comunidad, que en todo caso necesita alrededor de mil millones para reforzar los servicios sociales. 

La ayuda europea, de la que España espera recibir 140.000 millones, será esencial y su reparto territorial, que ayer a penas empezó esbozarse con la idea del presidente del Gobierno de crear una comisión interministerial, debe basarse en criterios de equidad, y no en la capacidad de presión política de algunas comunidades, que distorsiona el funcionamiento del Estado autonómico.

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