Lenta recuperación
A menos de una semana de entrar en la denominada nueva normalidad, el pasado 17 de junio, después de dejar atrás el confinamiento, la hibernación de la actividad económica y los peores momentos del colapso del sistema sanitario, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró en el Congreso de los Diputados que la recuperación había comenzado puesto que el país estaba experimentando «un cambio de tendencia» que se empezaba a reflejar en distintos indicadores como el de la creación de empleo, que a su juicio es el más importante. En aquel momento, dijo, había ya más de un millón de trabajadores que habían salido de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y se habían registrado casi 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena.
Calviño no mentía. Lanzaba un mensaje de optimismo sobre la base de la información que tenía en ese momento, y aunque reconocía que la incertidumbre de la situación hacía «particularmente difícil hacer previsiones económicas», estimaba «una caída intensa durante este año, con una recuperación a partir de la segunda parte, y un crecimiento intenso durante el año próximo». La vicepresidenta mantenía que las previsiones del Gobierno apuntaban a un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 6,8% en 2021.
Un mes después de aquella intervención en las Cortes, las buenas expectativas expresadas por Calviño pueden darse por frustradas. Quienes pensaban que los parámetros referidos entonces permitirían que la recuperación llegaría en forma de V ya saben que no será así. La evolución de la economía describirá más bien los trazos de otra letra, no sé si la L, la W o alguna otra, pero desde luego no las de aquella que dibuja una rápida salida de la crisis. Nadie puede decir que hemos tocado fondo. La aplicación y, en su caso, extensión de los ERTE para millones de trabajadores, llegará a su fin en otoño, momento en el que veremos situaciones personales muy dramáticas.
Lo que ya vemos con claridad en estos últimos días del mes de julio es que aunque no vivimos hoy la crítica situación de marzo o abril, el virus de la covid-19 sigue campando a sus anchas y no deja de extenderse a pesar del calor, como se llegó a decir. Asistimos a una continua aparición de brotes que han obligado a autoridades sanitarias, las de Aragón entre ellas, a dictar medidas en forma de retrocesos en fases que creíamos haber dejado atrás.
Esas medidas, puestas en marcha por razones que tienen que ver con la protección de nuestra salud –que debe ser siempre lo primero–, provocan a su vez consecuencias muy negativas en todos los sectores económicos afectados, fundamentalmente los relacionados con el mundo de la restauración, el comercio, el turismo o el ocio, donde ya se están produciendo cierres de negocios y sus consecuentes despidos.
Más allá de lo que incide directamente en sectores y empresas concretas, las dudas sobre el futuro pasan factura al conjunto de la economía, incluso en ámbitos aparentemente no afectados por restricciones u otras medidas que impiden su desarrollo habitual. Sin confianza cierta en lo que nos espera en los próximos meses, el consumo se retrae incluso entre quienes tienen garantizados sus salarios a largo plazo.
Aragón, a priori menos vulnerable que otras comunidades autónomas por su menor dependencia del sector turístico, se sitúa ahora en un escenario más pesimista que hace unos meses al destacar por sus rebrotes en las estadísticas oficiales. Contamos aquí con fortalezas importantes –una industria potente, un impulso exportador llamativo, un tejido financiero sólido–, pero el futuro no es muy halagüeño. Habrá recuperación, sí. Pero esta tardará en llegar.
