El juez José de la Mata tiene por oficio probar hechos. El sociólogo José Félix Tezanos es más creativo y los inventa. El uno aduce pruebas o indicios de lo que ha sucedido. El otro retoca datos para insinuar un futuro a conveniencia. Ambos tienen notables responsabilidades en las Administraciones públicas. El prestigio de estas depende de lo que funcionarios así exponen como resultado de sus tareas oficiales. De la Mata y Tezanos difieren en su exigible apariencia de independencia. El magistrado parece haber guardado su neutralidad, probablemente porque la ha guardado. El director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no, porque sus cuentas favorecen a quien lo nombró cuando eran colegas de ejecutiva partidista.

Es el vicio nefasto en que se incurre hace decenios, con designaciones, a derecha e izquierda, que repugnan a la decencia política y a la moral menos exigente, por sectarias o amiguistas: Telefónica (Villalonga), Banco de España (MAFO), Tribunal Constitucional (Cobos), Comisión Nacional del Mercado de Valores (Rodríguez), Correos (Serrano), Boletín Oficial (Salanueva), Fiscalía General (Eligio Hernández)... Son solo unos pocos, entre los más dignos de recordación, si bien esta clase de ‘memoria histórica’ sigue sin interesar.

No hay ni atisbo de propósito de la enmienda, o de atrición, de mera voluntad de no reiterar el abuso así solo sea porque tiene inconvenientes. Nada de eso: los excesos del PP solo son comparables con los del PSOE, últimamente incurso en varios desmanes de esta especie. Legales, acaso, pero tan sumamente escandalosos como la designación de la Fiscal General del Estado o la del director del CIS.

PSOE y PP han sido los únicos partidos de gobierno en España -y, por eso, los más ruidosos- desde el final del suarismo. Pero los nacionalistas, cuando gobiernan a placer, no les van a la zaga, guardadas las proporciones.

Las últimas vergüenzas aireadas fueron las del separatismo catalán, que llegó a poner por escrito su intención de designar nada menos que a los jueces desde el poder ejecutivo. Eso sí que es acabar con Montesquieu, y no lo que se interpreta que, en su día, dijo sobre el asunto Alfonso Guerra.

La ‘Famiglia’ unida

Lo que viene a decir el juez De la Mata es que, según sus datos acopiados, Jordi, Marta, el otro Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer formaron una banda estable de delincuentes (técnicamente, una organización criminal) dedicada de modo permanente a blanquear dinero opaco, engañar a Hacienda y falsificar documentos. Colaboraban en ello docena y media de sujetos afines. Este negocio, largo y estable, es un retrato fiel del subsistema político catalán, pieza distinguida de la corrupción política en España.

La variedad de territorios y culturas de nuestro país no solo produce lenguas y hablas diversas, danzas, cantos, fabadas y paellas, fritadas, pescaítos, chistorras y escalivadas: sugiero una tesis pendiente para un doctorado político al uso (ligerita, vamos): analizar el folklore de la desvergüenza política, estudiar sus estilos como señas identitarias regionales, según la cuna de los barandas afanadores: la elegancia legalista de los abusos del nacionalismo vasco, la acrisolada tradición mesocrática de los apandadores catalanistas, el repeinado barcenismo de los madriles ‘populares’, la descarnada demagogia del ERE y las peonadas béticos, el desparpajo fallero del zaplanismo y, así, sucesivamente. Un bonito tratado que, una vez editado, sería un superventas.

En el caso convergente, los beneficiarios directos fueron los sujetos dichos y sus conexos (los Mas, por ejemplo), las empresas adjudicatarias de obras y servicios a cambio de sus sabrosos untos; y el partido político del padre de la patria (y del clan corrupto), que clamaba como predicador de Ética en los tiempos de Felipe González y Banca Catalana.

Lo que viene a decir el juez instructor es que ya tiene mucho averiguado -y trabajoso, el escrito deja exhausto-, por lo que, en el plazo de diez días, los afectados pueden decirle si objetan alguna cosa. La ley ya no les permite cualquier objeción. Por ejemplo, no pueden pedir que se desestime el caso. Ni que se califiquen como leves los hechos que el juez presenta en sus más de quinientos folios, en los que acumula de forma abrumadora conductas reiteradas propias de una organización mafiosa.

Quizá el año que viene esté la ‘Honorable Famiglia’ en el banquillo. Hasta entonces, a la balumba de chorizamientos que ha puesto en claro el magistrado De la Mata, debe aplicársele la calidad de presunta. Del mismo modo, por cierto, que a Juan Carlos I, en los relatos de cuyas impropias andanzas se ha mezclado astutamente el grano con la paja. Feijoo y González han visto claramente el caso en toda su dimensión.

Para suspicaces: mientras los sediciosos catalanes contra el Estado duermen felizmente en casa, el exduque preso Urdangarín, mero corrupto vasco, no puede hacerlo. ¿Por qué? ¡Ah! Quizá una encuesta ‘ad hoc’ de Tezanos, debidamente cocinada, demostraría que se trata de ‘realidades ilusorias’ y que todo está como debe.