Eficiencia del gasto público
En febrero de 2020 el Instituto de Estudios Económicos publicaba un informe sobre la eficiencia del gasto público, donde advertía de ciertas debilidades de nuestro país, al que sitúa en la posición 26 de los países analizados, en la zona media-baja del ranking, que está liderado por países nórdicos y centroeuropeos.
De este modo, según dicho informe, España tiene margen de mejora en lo que a la eficiencia del gasto público se refiere, lo que podría mejorar las prestaciones y resultados de nuestro estado de bienestar. Esta afirmación sugiere la necesidad de afrontar reformas que permitan una mejor eficiencia del gasto público desde una lógica de mejores resultados en la inversión de fondos públicos, lo que no se alinea ni con una estrategia de austeridad que resta calidad a los servicios públicos y compromete la equidad de las prestaciones, ni tampoco con una política de gasto sin freno y sin análisis objetivo de necesidad y conveniencia cimentado sobre la premisa de mayores ingresos vía incremento de la presión tributaria. Necesidad de revisar nuestro modelo de gestión de recursos públicos que se convierte en un reto inmediato como resultado de las consecuencias económicas de la crisis, que como ha advertido el gobernador del Banco de España supondrá para este año una disminución del 10 por ciento del PIB.
La eficiencia en el empleo de los fondos públicos es un mandato constitucional (art. 31) que obliga a cualquier gobernante a gestionarlos de la forma más adecuada los fondos públicos para conseguir la mejor calidad posible en las políticas públicas, con un análisis decisional que no debe gravitar en exclusiva sobre la idea del precio, sino de resultados, lo que exige un análisis objetivo de la situación para poder adoptar concretas medidas. Así, por ejemplo, la eficiencia del gasto público aconseja invertir más recursos en la sanidad, sobre todo en el ámbito de la prevención, a fin de que esta sirva de verdadero escudo para el correcto funcionamiento de la actividad económica. Obviamente, la eficiencia, como paradigma del buen gobierno, obliga a establecer prelaciones sobre las necesidades a satisfacer con los escasos recursos públicos (con lo que realmente se dispone), orillando las cuestiones de carácter más superfluo o accesorias desde ese necesario análisis de preferencia o prioridad y, por supuesto, a prevenir y combatir situaciones de corrupción que restan eficiencia de forma evidente.
La eficiencia del gasto público aconseja, no solo en tiempos de crisis como los actuales, la movilización de la riqueza nacional sumando al interés general el esfuerzo y compromiso de las empresas privadas mediante distintas fórmulas de colaboración público-privada (así se desprende del mandato del art. 128 de la Constitución en una interpretación sistemática de los distintos principios y reglas constitucionales), máxime cuando el endeudamiento público actual (en torno al 120 por ciento del PIB) supone un evidente límite a la capacidad inversora directa para el Estado.
En esta línea resulta de interés, por ejemplo, la propuesta del Plan de Inversión en concesiones para la reactivación de la economía, propuesto por CCIES (Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público), alineado con las políticas europeas en materia de protección ambiental, de mejora de la movilidad y de transformación digital. Así, desde una correcta arquitectura y control de la colaboración público-privada, es posible, sin incrementar deuda ni déficit, satisfacer de manera más eficiente y con estándares de mayor calidad los servicios públicos. La eficiencia del gasto público no radica en quién presta un servicio, sino en el cómo.
En definitiva, y coincido en esto con el Instituto de Estudios Económicos, es fundamental que el sector público esté bien gestionado, y bien dimensionado y coordinado. Y en un entorno de recursos limitados, deben primarse aquellos criterios que permitan potenciar la mejora de la eficiencia en el gasto público atendiendo al coste/beneficio social como una estrategia del crecimiento. Solo así, y no mediante la ‘simple receta’ de recortes o incremento de los tributos, se conseguirá, mediante los necesarios consensos, rearmar nuestro modelo económico con la máxima competitividad y con una protección social de máximo nivel. Los tiempos, como reclama el gobernador del Banco de España, exigen acción sobre esta cuestión para consolidar unas reglas consensuadas, acordadas desde una perspectiva distinta que piense más en inversión que en el mero gasto, que den credibilidad y seguridad jurídica suficiente con el fin de impulsar y favorecer la estabilidad del crecimiento y, como complemento ineludible, los derechos sociales de los ciudadanos. Aquí radica la esencia, en mi opinión, del pacto de reconstrucción que necesita nuestro país.
