Retrasadas del 5 de abril a este domingo 12 de julio por culpa de la pandemia, las elecciones vascas y gallegas poseen el interés de haberse convertido en los primeros comicios inmersos en la crisis sanitaria. Aunque resulte una perogrullada, la primera certeza de hoy es que las urnas estarán instaladas en todos los colegios electorales. Las peticiones lanzadas para retrasar las votaciones en las localidades confinadas de la comarca lucense de A Mariña –la restricción se levantó parcialmente el viernes– quedaron desestimadas sin que para muchos se haya zanjado el debate sobre las garantías que deben presidir una jornada electoral. Evidentemente, la norma no recoge la excepcionalidad sanitaria y la discusión sobre cómo debe ejercerse el derecho al voto se muestra especialmente efervescente cuando se introduce la preocupación por la salud personal y colectiva. No cabe duda de que no existe un sistema perfecto y que siempre pueden surgir circunstancias que condicionen una jornada electoral, pero la decisión de celebrar los comicios, ofreciendo la oportuna seguridad, refleja la prioritaria defensa del ejercicio del derecho al voto por encima del miedo a un posible contagio. Ignorar la excepcionalidad del momento sería tan absurdo como negar los peligros del coronavirus, pero el riesgo de adaptar la decisión de una suspensión electoral a un momento concreto o a las vicisitudes de una campaña abre un controvertido debate que requiere de más tiempo y sosiego.

La postura defendida por la Junta Electoral Central no deja lugar a dudas y en respuesta a las peticiones de suspensión aseguraba el jueves que «en estos precisos momentos debe entenderse que las medidas adoptadas por la Administración garantizan unas condiciones adecuadas de circulación para poder acudir a votar, con la salvedad de segmentos reducidos de población por motivos sanitarios suficientemente justificados en el marco de la situación de pandemia en la que se están desarrollando las elecciones». Enfermar es algo que puede ocurrir con o sin pandemia, por lo que si se asegura que se han fijado «unas condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud» los comicios pueden celebrarse.

Aunque pocos ignoran que la discusión sobre estas elecciones habría sido otra bien distinta si Íñigo Urkullu o Alberto Núñez Feijóo hubieran visto peligrar las mayorías que adelantan las encuestas, no parece lógico que una vez tomada la decisión de retrasar la convocatoria de abril a julio y superado el estado de alarma se hubiera optado por una nueva cancelación total o parcial. La controversia, en cualquier caso, despierta el interés por el sufragio telemático –la actual regulación del voto por correo no resuelve estos problemas–, en especial cuando, y no sin dudas entre los juristas, los enfermos por coronavirus tienen prohibido acudir a los colegios electorales perdiendo el ejercicio de este derecho fundamental.

Bajo la referencia y los datos aún frescos tras lo ocurrido en las municipales francesas, con una abstención récord próxima al 60 por ciento, País Vasco y Galicia sufrirán hoy unos porcentajes de participación especialmente bajos. Con dos candidatos muy consolidados, la duda no se centra tanto en quién ganará estas autonómicas, sino en qué ocurrirá con las fuerzas (PSOE y Unidas Podemos) que han gestionado a nivel nacional esta crisis sanitaria. Feijóo, que lo mismo ha optado por adelantar la finalización del estado de alarma que por confinar a toda una comarca una semana antes de las elecciones, sabe que su peso electoral reside en la autoridad que representa su figura política. En una atípica campaña, en la que el presidente gallego ha apostado por distanciarse abiertamente de Pablo Casado y hasta de la imagen de su partido, ignorando los logos del PP en sus mítines, su casi segura mayoría absoluta será el reflejo de un medido discurso alejado de la crispación.